El Heraldo del Henares
Mucho tendría que callar el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, y más concretamente su portavoz, Lucía de Luz, con las duras declaraciones vertidas esta semana en las que critica la desorbitada tasa de basuras que tiene la ciudad de Guadalajara a nivel regional. Y es que no es buena idea agitar el avispero basuril porque no hay que olvidar que esta subida ha sido una imposición directa del Gobierno de Pedro Sánchez a los ayuntamientos a través de la maldita Ley de Residuos de 2022 y que nada tiene que ver con ninguna imposición europea como, una vez más, miente el inquilino de la Moncloa.
Por Andoni Madrid. Fotografía de Cuka Leyre
Es decir, se trata del “basurazo” de toda la vida para este ciudadano de a pie, amén de un negocio rentabilísimo, por cierto, del socialismo patrio en todos sus ámbitos: nacional, regional y local. ¡Faltaría más!
Recordemos los hechos. El exalcalde Alberto Rojo (2019-2023), aseguró que la limpieza y la recogida de la basura iba a ser prioridad en su mandato, pero lo que no explicó es que se hiciera a costa del sacrificio de todos los ciudadanos, tras cobrar 900.000 euros de más en el recibo de basuras en 2021.
Y es que según un estudio del Tribunal de Cuentas, máximo órgano público fiscalizador de las cuentas de las instituciones de España, el Ayuntamiento de Guadalajara, presidido por el entonces alcalde Alberto Rojo, prestó los servicios de limpieza y recogida de basura de forma indirecta, a través de una empresa externa mediante contrato de gestión de servicios.
El importe que abonó a la empresa por la recogida de basuras fue de 3.412.807,60 euros, pero los recibos que pasó al cobro a los vecinos sumaron un total de 4.308.818,09 euros. Es decir, un 26% más que los gastos facturados en el ejercicio de la prestación de servicio.
Además, según el Tribunal de Cuentas, aquel año la empresa contratada por el Ayuntamiento de Guadalajara presidido por el ex alcalde Alberto Rojo emitió un total de 12 facturas mensuales por la ejecución de los servicios por un total de 7.872.681,92 euros IVA incluido. De esos casi ocho millones, 4.459.874,32 euros fueron destinados al servicio de limpieza y el restante –3.412.807,60 euros– se destinaron al servicio de recogida de residuos.
Es decir, el exalcalde socialista Alberto Rojo Blas, en lugar de fraccionar ese importe total entre cada contribuyente, pasó al cobro a todos ellos un importe mayor. Eso le supuso al Ayuntamiento unos ingresos extra de 900.000 euros solo en aquel año. O lo que es lo mismo, esquilmó a todos los guadalajareños, ya que la legislación tributaria establece que, al contrario que los impuestos, las tasas no tienen un fin recaudatorio en sí mismas, sino de pago por el importe del servicio recibido. Es decir, si el servicio cuesta, pongamos 10, no se puede cobrar 20 y con el sobrante pagar otros servicios.
Por eso, el ciudadano de a pie se pregunta si el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara debería haber auditado la prestación de los servicios contratados en materia de limpieza y recogida de basuras bajo todo el mandato del PSOE, a la vista de lo que descubrió el Tribunal de Cuentas en 2021. O incluso todas las tasas cobradas por cualquier concepto, porque si el desajuste al alza se hizo con una, ¿quién puede negar que no se hizo con todas?
Porque, a este ciudadano de a pie le asaltan numerosas preguntas, como que si con estos datos no estaríamos hablando de ingresos desorbitados por tasas cobradas en servicios esenciales para poder luego destinar el exceso a partidas presupuestarias con fines propagandísticos y de compra de votos.
Parece que este tipo de irregularidades del Ayuntamiento de Guadalajara bajo la etapa socialista de Alberto Rojo siguió el mismo patrón que en otros Ayuntamientos de feudos socialistas allá por 2021 en Mérida, Molina de Segura, Talavera de la Reina o Toledo, en los que se prestaron servicios mediante gestión indirecta contractual, sin que previamente se hubiera realizado ningún estudio sobre la forma más eficiente de prestación de todos los servicios. Tampoco se justificó que en los ayuntamientos había insuficiencia de medios propios y que por ello contrataron a empresas externas.
Exigíamos la semana pasada al actual equipo de Gobierno municipal que se tomara más en serio la limpieza urbana porque esta es un indicador clave de calidad de vida, sostenibilidad y gestión municipal eficiente. Hoy, ampliamos esa necesidad de limpieza a la ‘limpieza política‘, para evitar más albertosrojos al frente de las instituciones haciendo y deshaciendo a su antojo con el dinero que los ciudadanos han de pagar por la prestación de servicios esenciales. ¿O no?
