El Heraldo del Henares
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el Decreto del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de 13 de diciembre de 2024, que impuso una sanción de 800 euros a una abogada fiscal por la comisión de una infracción disciplinaria grave, de revelación de datos conocidos en ejercicio de su función, por haber difundido un borrador de sentencia a un medio de comunicación.
El tribunal desestima íntegramente el recurso de la fiscal sancionada, que alegaba infracciones formales del procedimiento administrativo seguido e infracciones sustantivas por considerar que en la filtración a la prensa no ha quedado enervada la presunción de inocencia con prueba de cargo por la vía de los indicios, habiéndose obviado un importante elemento de descargo que, según ella, resta credibilidad a los mismos y plantea hipótesis alternativas lógicas y creíbles en su favor.
Según los hechos probados de la resolución sancionadora, la abogada fiscal comunicó telefónicamente a la acusación particular el sentido del borrador de sentencia del sumario penal 15/2020, seguido en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito de agresión sexual cometido sobre un hombre.
Además, posteriormente, lo filtró con entrega a un medio de prensa y al margen del cauce regulado por Instrucciones internas de la Fiscalía donde tenía destino y ejercía sus funciones, según han informado fuentes del Poder Judicial en un comunicado.
La fiscal lo había obtenido a través de una consulta solicitada a una funcionaria, que le imprimió una copia y le advirtió que no estaba firmada ni notificada a la Fiscalía y al procurador.
La noticia sobre el contenido del borrador fue publicada por el diario, y tras conocerse la publicación, el órgano judicial dictó providencia poniendo de manifiesto a las partes que todavía no se había dictado sentencia en el procedimiento, según los hechos probados.
El Supremo considera suficiente para fundamentar la declaración de responsabilidad la “cuidada y adecuada valoración de pruebas” que contiene la resolución sancionadora.
García Ortiz dimitió de su cargo de fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo por el delito de revelación de datos reservados, al filtrar el contenido de un correo personal dirigido a la Fiscalía de Madrid por el abogado de un empresario, a la sazón pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
