El Heraldo del Henares
Un informe de 31 páginas, de fecha 22 de julio de 2025, elaborado por el técnico municipal de Deportes del Ayuntamiento de Azuqueca, R. P. M., denuncia que el equipo de Gobierno presidido por el alcalde azudense, Miguel Óscar Aparicio, habría dejado caducar una propuesta de sanción de 97.350 euros a la empresa adjudicataria de la gestión de la piscina cubierta municipal.
Según dicho informe, que ha sido entregado al equipo de Gobierno y al resto de grupos de la oposición y al que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, esta sanción habría sido propuesta por el propio técnico a la vista de los numerosos incumplimientos en el contrato de prestación del servicio.
Todo comenzó cuando el 13 de febrero de 2025 este técnico municipal elaboró un primer informe de Propuesta de Sanción a La Alameda Agua y Salud S.L., por los incumplimientos del pliego de condiciones de la adjudicación del servicio que esta mercantil había llevado a cabo en el último año.
Por estos incumplimientos, tales como mantener cerrado el spa o no haber construido dos pistas de pádel que figuraban en el contrato firmado en 2009, este técnico proponía una sanción de noventa y siete mil trescientos cincuenta euros, 97.350 euros.
Y es que, de lo relatado en dicho informe, la empresa, La Alameda Agua y Salud S.L. incumplió de forma reiterada el Pliego que regula el contrato de la gestión del servicio público, mediante concesión, de la piscina cubierta municipal y clases colectivas del polideportivo municipal ubicado en la calle Ana María Matute, así como obras accesorias de reforma y ampliación de la piscina cubierta municipal, hasta en 16 puntos del contrato.
Entre los puntos incumplidos de forma reiterada por la empresa figuran que las obras de mejora que debía realizar, como la construcción de dos pistas de pádel para los deportistas azudenses, nunca se han llegado a realizar tras concluir todos los plazos previstos.
También incumplió ‘los plazos de apertura del spa de las instalaciones; la limpieza del cuarto de calderas, ocupado con enseres y materiales ajenos a las instalaciones; número de clases semanales que la empresa concesionaria debe impartir en salas colectivas en seco, en piscina grande y en piscina pequeña; pago de las nóminas de forma puntual a los trabajadores; y obligación de informar al Ayuntamiento del funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales concesionadas de los meses de mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2024′.
Más incumplimientos del contrato fueron que la empresa dejó que las funciones de responsable de la
piscina climatizada y las salas del pabellón Ciudad de Azuqueca sean asumidas por un socorrista o encargado de mantenimiento en lugar del director y/o coordinador, cualificados a tal efecto; falta de dotación de uniformes al personal de recepción; mínimo rigor en la presentación de certificados, dado que no figura nombre ni identificación de los firmantes del mismo; o no presentar trimestralmente el planing de horarios, alumnos y actividades, ni de la plantilla total de trabajadores, como era su obligación.
Tampoco, la empresa presentó la programación de la nueva temporada; no remitió todos los meses copia de las quejas y/o sugerencias emitidas por los usuarios de las instalaciones gestionadas por la concesionaria, y de manera especial las hojas de reclamaciones de la OMIC; y no presentó, con carácter anual, un informe de auditoría financiera por parte de una empresa consultora externa acreditada en el sector, cuyo coste será de cuenta del adjudicatario.
Tampoco estableció los medios de control para evitar que los valores de Cloro de la piscina climatizada municipal superaran los parámetros establecidos por Decreto 72/2017, de 10 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas en Castilla-La Mancha, lo que provocó el cierre de uno de los vasos durante mínimo un día; y, finalmente, también incumplió su obligación de pagar el canon del año 2024 en el periodo habilitado.
En total, este técnico municipal reseñó hasta siete Infracciones Muy Graves, tres Infracciones Graves y seis Infracciones Leves en la prestación del contrato de la gestión del servicio público por parte de la empresa La Alameda, Agua y Salud SL.
Pues bien, tras elaborar dicho informe, se llevó la propuesta de incoación de procedimiento sancionador al pleno municipal de 27 de febrero de 2025 y la misma salió adelante con 17 votos de los grupos PSOE, PP e IU, y la abstención de los tres ediles de Vox, por lo que se concedió un plazo de 15 días a la empresa para que pudiera presentar alegaciones, cosa que hizo el 14 de marzo siguiente.
Unos días después de ese pleno del 27 de febrero, el 5 de marzo el técnico de Deportes fue intervenido quirúrgicamente y pasó a la situación de baja laboral, pero unas semanas después, el 5 de abril de 2025, pidió el alta voluntaria, a fin de ‘poder realizar el Informe Técnico respuesta a las posibles alegaciones remitidas por La Alameda Agua y Salud S.L.‘.
Y es que dichas alegaciones, presentadas por la empresa el 14 de marzo, habrían de ser resueltas en el pleno de finales de abril, ya que si no se trataban en dicho pleno, irían para el de finales de mayo que se celebraría, como es habitual, el último jueves de mes, esto es, el 29 de mayo, y para esa fecha la sanción habría caducado pues la ley establece un plazo máximo de tres meses y este plazo finalizaba dos días antes, el 27 de mayo.
Finalmente, el 11 de abril el técnico presenta al alcalde un informe para desestimar las alegaciones de la empresa y el primer edil firma tres días después, con fecha 14 de abril, una Propuesta de Alcaldía para llevar al siguiente pleno, esto es, el de finales de abril, en la que se desestimaban las alegaciones y se mantiene la sanción propuesta de 97.350 euros.
Esta propuesta se lleva a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento, de fecha 21 de abril, previa al pleno de ese mes, y sale adelante con 4 votos a favor, 3 del PSOE y 1 de IU, y tres abstenciones, 2 del PP y una de Vox.
Sorpresivamente, en la Junta de Portavoces previa a la celebración del pleno del mes de abril, el alcalde azudense, Miguel Oscar Aparicio de Lucas, retiró del orden del día previsto en el mencionado pleno el
asunto relativo a la resolución de alegaciones y del expediente de imposición de sanción a La Alameda Agua y Salud SL, sin que se informe de ello ni al técnico municipal ni al resto de portavoces.
El técnico se puso en contacto con el edil de Deportes, Enrique Pérez de la Cruz, para informarse sobre los motivos de dicha retirada del informe para el pleno, a lo que el concejal le contestó ‘que había sido por decisión de la Secretaria municipal‘.
Ante esa respuesta, el funcionario se puso en contacto con esta última, quien le informó de que ‘el Departamento de Secretaría jamás entra a valorar un informe basado en aspectos técnicos y que la retirada de este punto del Pleno Municipal responde a una decisión única y exclusivamente de carácter político‘.
En vista de la respuesta de la responsable de la Secretaría municipal, el técnico de Deportes dejó por escrito en su informe que ‘en vista que -el concejal- Enrique Pérez de la Cruz miente de manera deliberada‘, se le remite escrito a este edil y otros dos más para que le expliquen los motivos de la retirada del pleno de ese informe de propuesta de sanción y escrito de alegaciones de la empresa, y al no recibir respuesta vuelve a reiterarles por escrito la pregunta el 9 de mayo, a fin de evitar que la sanción caduque el 27 de mayo.
Días antes de la caducidad de la sanción el día 27 de mayo, el 20 de mayo se reúne la Comisión de Seguimiento para evaluar tanto las alegaciones de la empresa como el informe de propuesta de sanción del técnico de Deportes, comisión en la que, según este funcionario, se producen ‘presiones‘ por parte de los ediles del equipo de Gobierno para que retire su informe.
‘Que los audios de la Comisión de Seguimiento del 20 de mayo de 2025 ponen en evidencia las
coacciones de Susana Santiago Peñalver, Enrique Pérez de la Cruz y Yolanda Rodríguez Valle a R. P. M., con el claro objetivo de evitar la imposición de penalidades a La Alameda Agua y Salud S.L., encontrando el apoyo de los representantes de la empresa concesionaria en la mencionada comisión‘, dice este funcionario en su informe de 22 de julio de 2025.
Finalmente, el pleno de mayo no se celebra el último jueves del mes, como es habitual, que sería el día 29 y ya habría caducado la sanción, sino el 26, un día antes de la fecha tope, pero de forma inesperada en el orden del día no figura ningún punto relativo a la resolución del expediente sancionador, ya sea con carácter positivo o negativo.
Lo que sí ocurrió en dicho pleno, según este funcionario, fue que el propio alcalde de Azuqueca, Miguel Oscar Aparicio de Lucas, ‘miente al afirmar que el Técnico Municipal de Deportes estaba de vacaciones y demuestra una total ausencia de rigor y falta de compostura del cargo que ocupa, al indicar en referencia al Técnico Municipal de Deportes “que no ha salido de las narices hacer el informe”’.
Manifestaciones que a la vista de dicho informe no se ajustan a la verdad, ya que en el mismo consta que no solo no estaba de vacaciones, al contrario, se dio de alta voluntariamente de una baja por operación quirúrgica y llegó a anular varios días de permiso que ya tenía concedidos para poder terminar y presentar en fecha 11 de abril el informe de desestimación de las alegaciones de la empresa a la sanción propuesta.
Tan solo tres días después de ese pleno y cuando solo habían transcurrido 48 del plazo legal de caducidad, el 29 de mayo la secretaria municipal firmó un informe para ‘constatar la caducidad del expediente administrativo tramitado para la imposición de penalidades a la empresa concesionaria La Alameda Agua y Salud’ y determinar que el órgano competente para aprobarlo era el propio pleno municipal.
Casi cinco meses después, dicha propuesta de caducidad aún no se ha llevado a pleno.
Decisiones políticas del equipo de Gobierno para beneficiar a la empresa
Y es que, para este funcionario municipal, ‘la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares de dejar caducar, de modo intencionado, el procedimiento de imposición de penalidades a la empresa concesionaria del contrato de gestión del servicio público de la piscina municipal cubierta y de las clases colectivas del polideportivo municipal Ciudad de Azuqueca recogidas en el Expte. …/2025, es sólo el último capítulo de una serie de medidas tomadas en beneficio de La Alameda Agua y Salud S.L.’.
Entre otras, cita la impuesta en el pleno de 26 de julio de 2018 por importe de 3.150 euros por una infracción grave consistente en la reiteración de varias infracciones leves y de 10.500 euros por la
comisión de una infracción muy grave.
Posteriormente, en 2021, el entonces alcalde José Luis Blanco llevó otra propuesta al pleno para sancionar con 62.100 euros a dicha empresa por ‘deficiente ejecución del contrato de gestión del servicio público’.
Y es que, según añadía en su informe este técnico municipal de Deportes, esos otros expedientes acabaron con sanción pero que, ‘según la información que obra en mi poder y desconociendo los motivos, estas sanciones no han sido ejecutadas‘.
Todo ello le llevó a concluir que ‘los hechos objetivos y datos plasmados en el presente documento evidencian que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de manera consciente y deliberada, decide dejar caducar el plazo para la imposición de penalidades a La Alameda Agua
y Salud S.L. incluido en el Expte. 1024/2025‘.
Acciones legales por parte de IU y solicitud de pleno extraordinario del PP
Tras conocer el contenido de este informe, los grupos municipales de IU y PP han remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que reprochan la actitud del alcalde y de su equipo de Gobierno.
Así, el portavoz municipal del PP, Mane Corral, ha señalado que ‘mientras el técnico se dejaba la piel para hacer su trabajo, el gobierno socialista maniobraba para dejar pasar los plazos. Eso no es negligencia: es intencionalidad política”.
Por ello, su grupo pedirá la celebración de un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones de lo ocurrido.
Por su parte, la portavoz del grupo de IU, María José Pérez Salazar, ha manifestado que que ‘el Gobierno en lugar de estar exigiendo a la empresa el cumplimiento de las estipulaciones contractuales para ofrecer un servicio de calidad, le permita campar, de nuevo, a sus anchas, porque cuenta con el beneplácito de los responsables implicados en esta trama de irregularidades, a saber, el concejal responsable del área, Enrique Pérez de la Cruz, las tenientes alcaldes, Susana Santiago y Yolanda Rodríguez, y el máximo responsable, el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, quienes por supuesto, tendrán que dar explicaciones’.
Este grupo ya ha anunciado que instará acciones legales por estos hechos.
