El Heraldo del Henares
El Ayuntamiento de Quer ha emitido un comunicado en el que se desvincula de las quejas recibidas por parte de algunos vecinos en a lo largo del mes de marzo están recibiendo notificaciones de sanciones por infracciones de tráfico cometidas durante el año 2025 y que han sido tramitadas por una empresa privada contratada por el propio consistorio a tal fin.
Según ha informado el actual equipo de Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa tránsfuga Gema Cañones, la causa de este retraso se ha debido a cambios internos en la organización de la empresa adjudicataria del servicio, lo que ha provocado este retraso de unos meses en enviarse las notificaciones.
A pesar de estos errores, el consistorio setero ha advertido a los conductores que «los expedientes sancionadores siguen su curso administrativo conforme a la normativa vigente, por lo que las sanciones se notifican dentro del procedimiento legal establecido» y que «no pueden ser anulados discrecionalmente».
Por ello, ha señalado que aquellas personas que no estén de acuerdo con la sanción, podrán recurrirla de acuerdo a los plazos legales establecidos para cada tipo de infracción o acto administrativo.
Datos personales en manos de empresas privadas
La adjudicación del procedimiento sancionador por parte del Ayuntamiento de Quer a una empresa privada se realizó en 2024, durante el mandato del anterior alcalde, elegido en las urnas, José Miguel Benítez, del PP, en cuyo equipo de Gobierno estaba entonces también Cañones.
En ese año se publicaron en la plataforma de contratos del sector público al menos dos anuncios sobre prestación de servicio de colaboración para la gestión y tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico en vía voluntaria y del suministro de dispositivos de seguridad vial.
Lo más llamativo de esta licitación es que el importe del Presupuesto Base de Licitación para un contrato de un año de duración máxima en un municipio de poco más de 1.000 habitantes (según el INE) asciende a 189.504 euros, una cantidad que requiere de innumerables sanciones para ser amortizada.
Además, dicha licitación deja en manos de la empresa adjudicataria el acceso a datos reservados de los infractores, algo que, según han señalado fuentes jurídicas a este diario, podría colisionar con el derecho de los administrados que determinados expedientes solo puedan acceder y tramitarse por funcionarios públicos.
Y es que, de acuerdo con los puntos de dicho contrato, ‘la empresa adjudicataria accederá al sistema de vigilancia para visualizar las grabaciones y fotografías para detentar las infracciones de los conductores de los vehículos’.
La empresa también accederá a todos esos datos reservados para poder ‘elaborar el soporte documental necesario para efectuar, tanto dentro como fuera del término municipal, las notificaciones de aquellas denuncias que no hubieran sido notificadas en el acto a los denunciados’.
Y en el caso de que el titular del vehículo no sea el infractor, deberá comunicar los datos del conductor a dicha empresa, a fin de que el procedimiento sancionador siga contra este último, por lo que la adjudicataria no solo accederá a los datos de los titulares de los vehículos sino de aquellas personas a las que estos les permitan conducir los mismos.
También se establece que ‘en el supuesto de vehículos mal aparcados será el Ayuntamiento de Quer quien envíe las fotografías a la empresa adjudicataria’.
Respecto a las cartas certificadas con acuse de recibo, ‘se envían por la empresa adjudicataria pero los gastos postales serán de cuenta del Ayuntamiento de Quer’.
Finalmente, el contrato de adjudicación del servicio establecía que la empresa concesionaria también debía proceder a la ‘preparación del soporte documental necesario para remitir a la Dirección General de Tráfico, los listados con los responsables de aquellas sanciones que sean firmes en vía administrativa, en las que la infracción conlleve, además del importe de la multa, la retirada de puntos en el permiso o licencia para conducir’.
Es decir, el Ayuntamiento de Quer adjudicó a una empresa privada la gestión y tramitación de multas en su término municipal, por lo que de hecho le cedió el conocimiento de datos reservados de todos los titulares y conductores del municipio que en un momento u otro pudieran verse incursos en un procedimiento sancionador de tráfico, datos reservados a funcionarios públicos.
Las multas prescriben si no se notifican antes de los 3 o 6 meses, según la gravedad
Los vecinos de Quer que están recibiendo este mes de marzo la primera notificación de una sanción por una supuesta infracción de tráfico cometida el año pasado deberán comprobar bien la fecha de la infracción y fecha de la notificación mediante acuse de recibo o notificación electrónica, porque podría haber prescrito.
Y es que, según el RACE, aunque no hay un plazo concreto para que se notifique una multa, sí lo hay para que las mismas puedan prescribir por esa falta de notificación en tiempo y forma.
Así, las infracciones leves, que conllevan menos de 100 euros y sin retirada de puntos, prescriben a los 3 meses, mientras que las infracciones graves, de 200 euros o más, y que incluyen retirada de puntos, prescriben a los 6 meses.
Por tanto, si la multa ha sido notificada más allá de esos dos plazos, dependiendo la tipología de la sanción, podría haber prescrito, según indica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y recoge RACE en su web.
