El Heraldo del Henares
Varias decenas de jueces y fiscales se han concentrado en la mañana de hoy miércoles a las puertas del edificio de los juzgados de Guadalajara, dentro de la convocatoria realizada a nivel nacional por las asociaciones mayoritarias de la judicatura y la Fiscalía para mostrar su rechazo a las iniciativas legales que pretende poner en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez y que afectarían a la ‘independencia judicial’.
El paro de la actividad judicial y la concentración de jueces y fiscales comenzó a las 12,00 de la mañana y duró alrededor de 10 minutos, tras los cuales, el juez Ricardo Gallego Córcoles, portavoz de la asociación Profesional de la Magistratura en Castilla La Mancha, mayoritaria en el sector judicial, leyó un comunicado sobre los motivos de este paro.
Según dicho manifiesto, ‘la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas’, esto es, el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Respecto del primero, han señalado que se trata de una reforma ‘que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración‘.
Además, han añadido, ‘poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello… y con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal’.
Más duro ha sido el contenido del manifiesto a la hora de calificar el segundo anteproyecto de ley que quiere llevar adelante el gobierno de Pedro Sánchez, el que afecta al Estatuto del Ministerio Fiscal.
Las asociaciones convocantes han rechazado de plano esta reforma ya que, cuando se apruebe, la instrucción de todas las causas, incluidos los casos de corrupción política, dejarán de estar en las manos de los jueces, que son independientes del poder político, y pasarán a ser competencia de los fiscales, que, a su vez, seguirán recibiendo órdenes del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno.
‘Por lo que sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de inferencias políticas en las causas de corrupción‘, han dicho.
‘Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos‘, han añadido
Y han concluido su manifiesto señalando que ‘la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma: ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país‘.
La convocatoria había sido realizada por las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales de España, como la asociación Profesional de la Magistratura, APM, asociación judicial Francisco de Vitoria, AJFV, Foro Judicial Independiente, FJI, la asociación de Fiscales, AF, y la asociación profesional independiente de Fiscales.
