El Heraldo del Henares
Hace 20 años, el asesinato de Ana Orantes, quemada viva por quien había sido su marido, estremeció a todo el país. A pesar de que era la tercera mujer que moría de ese modo tan cruel, su tragedia sacó por fin del silencio a la violencia de género, colocó el foco en el sufrimiento de las víctimas y sacudió la conciencia ciudadana. Desgraciadamente, veinte años después, el número de mujeres asesinadas va en aumento.
Una tragedia que no es un suceso, ni un fenómeno natural e inevitable, ni una desgracia que surge por sorpresa. Todas eran muertes predecibles, anunciadas, asesinatos antecedidos de desprecios, humillaciones, silencios, sufrimiento y malos tratos. Vidas truncadas tiempo atrás a las que no se dio protección, a las que nadie ofreció respuestas, la ayuda y el apoyo que necesitaban y merecían.
Sin embargo, estamos hartas de ver como en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, año tras año, todos los políticos de las distintas administraciones se dan codazo por salir en una foto, por leer un manifiesto en señal de repulsa o por incorporar in párrafo redactado por su partido, que muy probablemente se convertirá en Declaración Institucional para alivio de todos, pero que de sobra saben que no les compromete a nada. Y al día siguiente ¿de qué ha servido todo eso? Absolutamente de nada.
Con ello no dan respuesta a las necesidades de las víctimas, porque para combatir esta barbarie se exige acción y no una mera declaración de intenciones.
Son demasiadas las mujeres que se están enfrentando solas a la violencia que se ejerce sobre ella. La mayoría no interpone denuncia y, de las que lo hacen, más de un 20% la retiran.
Todas estas certezas exigen que el Gobierno central active medidas urgente4s que rectifiquen lo que se ha hecho mal y que devuelva a los ayuntamientos, la administración más próxima y la más eficaz en la protección frente a la violencia, las competencias arrebatadas sobre igualdad, prevención y reparación.
El Gobierno debe reponer los fondos recortados a la lucha contra la violencia para actuar sobre las causas y sobre los factores de riesgo. Desafiar la tolerancia a esta violencia pasa no por el recorte sino por la ampliación de campaña institucionales que ayuden a la toma de conciencia sobre el daño que provoca al conjunto de la sociedad.
El pasado mes de septiembre, la propia asociación de Mujeres Juezas de España lanzaba un comunicado sobre las 16 medidas urgentes para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad:
– Prevención de la violencia de género y educación en igualdad, estando incorporado en los currículums escolares.
– Campañas de sensibilización que se realicen de manera periódica dirigidos a la juventud.
– Parar con la difusión de contenidos que incidan en la violencia y discriminaciones machistas a través del compromiso de los Medios de Comunicación.
– Formación obligatoria en perspectiva de género y en igualdad de oportunidades al profesorado y demás agentes educativos.
– Reforma del Código Penal para el cumplimiento del Convenio de Estambul.
– Reforma del Estatuto de la Víctima que incluya a las y los menores.
– Reformas procesales.
– Modificaciones en otras legislaciones.
– Poder ofrecer medios de protección aún cuando no medie denuncia previa, asícomo asesoramiento informativo y asistencial.
– Más medios materiales para los casos que se encuentren en situación de judicialización.
– Dispositivos de fuerzas y cuerpos de seguridad de estado especializados y disponibles 24h al día, todos los días del año.
– Equipos multidisciplinares de la administración de Justicia para orientar y coordinar la actuación.
– Equipos de acompañamiento integral a la víctima.
– Mejora del Sistema VIOGEN.
– Aumentar los recursos sociales de derivación, en especial los habitacionales.
– Formación obligatoria y especializada en violencia de género e igualdad de oportunidades, para todas las personas vinculadas a la administración de justicia.
A todo esto habría que añadir la dotación presupuestaria comprometida por el gobierno del PP de 200 millones de euros para el Pacto de Estado contra Violencia de Género. Esta cantidad no sólo se redujo sino que no llega a las comunidades autónomas ni tampoco a los ayuntamientos para emprender acciones de prevención educativa y sanitaria, así como la prestación económica para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
En Castilla-La Mancha, la propia Memoria Judicial del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al año 2017y recientemente publicada, dice que nuestra comunidad no cuenta con una cobertura judicial cien por cien eficaz que complete el círculo de protección que necesitan las mujeres. El propio informe pone de manifiesto que la planta judicial de Castilla-La Mancha sigue ocupando el último lugar de todos los tribunales superiores de justicia autonómicos en cuanto a número de jueces por habitante. Es por ello por lo que requieren un aumento en el número de jueces y magistrados.
En cuanto al caso específico de la violencia de género, en la memoria se establece que el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Albacete sigue siendo el único y exclusivo de toda la comunidad autónoma desde su creación en 2006.
En el resto de provincias castellano-manchegas no hay juzgados exclusivos y así se hace notar en la Memoria. En Ciudad Real, vuelven a insistir en que el Juzgado con competencia en materia de violencia de género sea exclusivo y con jurisdicción provincial o comarcal, asumiendo el conocimiento de los asuntos en materia de violencia de género de partidos judiciales limítrofes.
También en Guadalajara se reitera un año más la demanda de crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo provincial, dado el volumen de trabajo que en esta materia registra el Juzgado de Instrucción nº 2, competente en estos asuntos judiciales. Y lo mismo sucede en Toledo.
¿Por qué no reivindican todo esto los políticos en vez de preocuparse solo de salir en la foto?
Se necesitan respuestas consensuadas para poner fin a este silencio, para apoyar a las mujeres y a sus hijos y para reforzar la especialización que reclama una buena aplicación de ley. Necesitamos consensos que no pueden ser ajenos al fomento de las políticas de igualdad, porque la seguridad y supervivienda para las víctimas se hallan estrechamente relacionadas con la solidez de los logros que vayan alcanzando el conjunto de las mujeres. Es lo que demanda la sociedad.
Porque la violencia de género es uno de los grandes problemas que debemos afrontar con decisión. Es imprescindible un gran acuerdo entre partidos políticos, instituciones y sociedades y sociedad civil que exprese el sentir del conjunto del país, para acabar con esta barbarie que ataca a la convivencia ciudadana.
María José Pérez Salazar, portavoz del Grupo Municipal de IU Azuqueca
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