viernes , 18 septiembre 2020

Carta de Juan Manuel Buergo, presidente de las Conferencias de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España: ‘Sobre desahucios y el abogado Diego Catriel Herchhoren’

Estimado/a Sr/a:

Como Presidente de las Conferencias de la SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA, me dirijo a Vd. en su condición de Director/a de ese medio de comunicación con el fin de desmentir las manifestaciones que se están vertiendo en unos panfletos distribuidos, comunicaciones y declaraciones efectuadas por la PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH), referentes a la Sociedad de San Vicente de Paúl en España,  ya que son absolutamente falsas y nos perjudican gravemente en nuestro honor y en la imagen y prestigio de nuestra Asociación.

            En relación con los contenidos de los panfletos y declaraciones citados deseamos aclarar que:

            La SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA no quiere desahuciar a los inquilinos de las viviendas sociales en Guadalajara. Muy a nuestro pesar, esta Asociación ha interpuesto algunosprocedimientos de desahucio contra inquilinos que o no observan las más mínimas normas de convivencia, o no reúnen los requisitos ni de titularidad arrendaticia, ni de la ausencia o escasez de ingresos que nuestra Asociación considera motivo para alojar a personas necesitadas en las viviendas del barrio de Alamín de Guadalajara, propiedad de esta Sociedad.

            La persona que,  a través de la PAH, está realizando tan injustificado ataque con a nuestra entidad se llama Don Diego Catriel Herchhoren Alcolea, persona que ocupa sin derecho alguno una de las viviendas, abogado de profesión, que no está en riesgo de exclusión social, ni tiene familiares a su cargo; y con estas falsedades, lo que se pretende buscar es un interés personal. Es más, con su actitud el citado señor y el resto de personas que por desconocimiento le puedan apoyar, están privando de un techo a personas sin recursos y con hijos menores de edad, que están esperando a que exista una vivienda vacante.

            Debe saber la opinión pública que existe una larga lista de espera de familias en riesgo de exclusión social interesadas en obtener el arrendamiento de alguna de esas viviendas, lista gestionada por Cáritas y los voluntarios/as que se encargan de la asistencia a las familias. De este modo, las personas a las que se arriendan las viviendas por precios de unos 50 euros al mes de media siempre son personas necesitadas y calificadas en riesgo de exclusión social por los organismos y departamentos correspondientes. Queremos manifestar asimismo, que año tras año las casas son deficitarias, teniendo que poner de nuestros bolsillos, y del de los benefactores que nos apoyan, muchos miles de euros – alrededor de treinta mil en 2018 -.

            Por otro lado, las viviendas propiedad de nuestra Asociación no nos fueron cedidas, como así parece entenderse de los panfletos repartidos, para que las administrásemos hasta que las familias adjudicatarias terminaran de pagarlas, ni nunca han sido Viviendas de Protección Oficial, sino que desde el primer momento y hasta la actualidad, las personas que entraron a habitar las mismas y las posteriores que han ido residiendo allí, lo han hecho en calidad de arrendatarios, no como adjudicatarios de las viviendas. Así lo ha establecido la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Guadalajara de fecha 24 de julio de 2017, en el procedimiento Ordinario 847/2016, interpuesto por la madre de D. Diego Catriel y defendido por él mismo, Sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Guadalajara de fecha 13 de abril de 2018, en la que la madre de D. Diego reivindicaba la propiedad de la vivienda que ocupa su hijo. Sentencias en las que, tras analizar prolijamente toda la documentación relativa a la construcción y arrendamiento de las viviendas, concluyen desestimando la pretensión de D. Diego y de su madre. En consecuencia, parece obvio que no pueden prevalecer especulaciones o interpretaciones interesadas frente a la interpretación contenida en unas Resoluciones Judiciales, que por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se omite o ignora. Estas resoluciones están a disposición de cualquiera que las quiera examinar.

Respecto a las falsas acusaciones de habernos  apropiado de ayudas a las viviendas y de que hemos recibido dinero de subvenciones que no hemos justificado, las rechazamos categóricamente, y las hemos enviado a nuestros asesores jurídicos por si pudieran constituir un delito de injurias o calumnias. 

No es de interés para la Sociedad San Vicente de Paul el mantener la propiedad de estas casas, y menos especular con ellas, por lo que hemos ofrecido a la Junta de Castilla-La Mancha el trasmitirle su propiedad para que sean gestionadas por ella, sin que hasta la fecha, después de que haya transcurrido más de un año, hayamos recibido respuesta alguna. Documento que asimismo está a disposición de cualquiera que lo quiera examinar.

Continuamos ofreciendo las 96 viviendas  a las administraciones públicas de forma totalmente gratuita, pues creemos que es competencia suya la labor de atender la vivienda social. Nuestra labor es atender a las personas.

            En consecuencia, le ruego proceda a dar difusión a la presente comunicación, quedándole agradecido, reciba un atento saludo.

Juan Manuel Buergo, presidente de las Conferencias de  la SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

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