El Heraldo del Henares
Los españoles nunca habíamos asistido a una sucesión tan interminable de escándalos, investigaciones, comparecencias sin respuestas y explicaciones que insultan a la inteligencia de los ciudadanos.
El partido socialista ha convertido la política española en una serie judicial donde cada semana aparece un nuevo personaje, un nuevo sumario y el ya clásico “no me consta”.
Sin embargo, sería un error muy injusto concluir que esto es la política.
La política no nació para repartir favores. La política existe para resolver problemas, mejorar la vida de la gente y defender el interés general.
Miles de concejales, alcaldes y otros servidores públicos trabajan cada día con honestidad, la mayoría de ellos lejos de los focos y sin ningún tipo de remuneración. Son ellos quienes sufren también el descrédito provocado por quienes han confundido el poder con un patrimonio personal.
Porque la corrupción no saquea únicamente las cuentas públicas. Saquea la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y quien pierde no es un partido político, pierde la democracia.
El Gobierno de Pedro Sánchez simboliza como pocos ese desgaste institucional.
Todo comenzó con el caso Koldo. Lo que defendían como un episodio aislado destapó una trama de presuntas comisiones ilegales, contratos bajo sospecha y nombres que durante años fueron el núcleo duro del sanchismo… José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.
Pero la sombra judicial no terminó ahí. Las investigaciones sobre Begoña Gómez y David Sánchez han reforzado la sensación de que los escándalos acorralan a P.S. por todos los frentes, incluida la familia.
Y, como en toda serie, siempre reaparece un viejo conocido. El expresidente Zapatero, convertido en el guardián moral del sanchismo, repartiendo lecciones de virtud mientras se dedicaba a negocios, presuntamente, nada legales.
Será la Justicia quien determine las responsabilidades penales, debe ser así. Pero la responsabilidad política empieza mucho antes de una sentencia, empieza cuando los ciudadanos dejan de creer en las explicaciones oficiales.
Porque aquellos que asumen la responsabilidad de gobernar también deben asumir el coste político de lo que sucede bajo su responsabilidad, independientemente de las responsabilidades penales.
Mientras tanto, España espera.
Esperan los jóvenes que han convertido la emancipación en un proyecto casi tan complicado como aprobar unas oposiciones sin temario. Esperan las familias que comprueban cómo llenar la cesta de compra cuesta bastante más que hace unos años. Esperan las empresas que soportan una presión fiscal creciente mientras la deuda pública continúa aumentando. Espera un país cuya productividad lleva demasiado tiempo estancada y cuyos servicios públicos necesitan reformas profundas.
Y ahí reside la gran tragedia.
El gobierno y su presidente deberían estar ocupándose de la vivienda, de la competitividad, de la sanidad, de la educación o de la seguridad. Sin embargo, llevan demasiado tiempo pendientes de informes de la Guardia Civil, autos judiciales, filtraciones y estrategias de supervivencia política. Pendientes de sobrevivir una semana más construyendo relatos para justificar lo injustificable.
España necesita recuperar una forma de entender la política basada en la ejemplaridad, la gestión y el respeto a los ciudadanos. Un gobierno que asuma responsabilidades y rinda cuentas.
Una etapa política termina cuando deja de ofrecer soluciones y comienza a convertirse ella misma en el principal problema, da la sensación de que ese momento ha llegado.
Estoy convencida de que ese cambio tiene hoy un liderazgo claro. Alberto Núñez Feijóo representa la opción con mayor capacidad para abrir una nueva etapa política, recuperar la confianza institucional y devolver a la gestión el protagonismo que nunca debió perder. No porque sea infalible, porque ningún gobernante lo es, sino porque España necesita menos relato y más lealtad con los ciudadanos.
Los ciudadanos esperan honestidad, sentido de Estado y la certeza de que quienes ocupan las instituciones trabajan para servir a los españoles y no para protegerse entre ellos.
Quizá sea pedir mucho.
O quizá sea exactamente lo mínimo que una democracia debería exigir.
María Patricio, senadora del PP por Guadalajara
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