El Heraldo del Henares
Tres recientes sentencias han vuelto a condenar a la Dirección General de Tráfico (DGT) por denunciar a coches sin ITV que no circulan e incluso que están en el taller para ser reparados.
La más reciente la ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona el pasado 8 de febrero (38/2024), otra el Juzgado de lo Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz el pasado 7 de noviembre (130/23), y la tercera el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de La Coruña el 19 de diciembre (210/2023).
«A raíz de una sentencia que ganamos en Automovilistas Europeos Asociados en octubre de 2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid, abrimos una brecha jurídica importante y el precedente que sentamos está siendo acogido por numerosos juzgados de España, a pesar de que la DGT dictó una Instrucción en noviembre de aquel año para que se siguiera denunciando», ha declarado a Economist & Jurist Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Según informa este diario, en 2022 se formularon más de 600.000 denuncias en España por ITV y cada año han venido aumentando en torno a un 5%.
Arnaldo espera que «con la catarata de sentencias que se están dictando condenando a la DGT, que señalan precisamente en la argumentación a la del Juzgado 33, esta cambie de criterio y deje de poner multas a los vehículos estacionados sin ITV, ya que no generan ningún riesgo».
Destaca que la sentencia de La Coruña es «muy interesante» porque «en este caso, antes de que le caducara la ITV, solicitó cita en una estación, pero por deficiencias de este servicio público, no se le dio hasta a días después».
También señala que en Asturias, recientemente se ha creado «un grave problema a miles de automovilistas que no han podido pasar a tiempo la inspección porque se habían declarado en huelga las estaciones, siendo sancionados en esta situación cuando no tienen culpa alguna».
La tercera resolución es sobre un caso ocurrido en Pamplona, en el que «a un automovilista se le sancionó en dos ocasiones por no haber sometido el vehículo a la inspección técnica», según sigue informando la periodista Rosalina Moreno en el diario digital Economist & Jurist.
«El ciudadano tenía el coche bien aparcado en la calle y otro vehículo le dio un golpe y le ocasionó daños, por lo que para poder pasar la ITV tuvo que llevar el coche al taller para que se lo repararan, y como tardaron en hacer la reparación, la ITV le caducó, pero el taller y no el usuario fue el que dejó el coche en la calle, con lo cual ninguna culpabilidad podía tener en esa supuesta infracción», detalla.
Según expone, «a pesar de haberlo acreditado ante Tráfico, esta hizo oídos sordos y no trasladó la responsabilidad al taller, como establece el artículo 82, apartado e) de la Ley de Tráfico y Seguridad».
El artículo 82 señala que «la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción».
No obstante, el apartado e) indica lo siguiente: «En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que este manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 11. La misma responsabilidad corresponderá a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados».
«En Automovilistas Europeos Asociados estamos absolutamente de acuerdo con que se persiga implacablemente a los infractores que ponen en riesgo la seguridad vial, pero en absoluto podemos compartir el criterio sancionador que está utilizando la Dirección General de Tráfico con estas denuncias de ITV, que solo persiguen una finalidad recaudatoria», manifiesta Mario Arnaldo.
Espera que «a partir de ahora, esperamos que la DGT dicte las instrucciones precisas, tanto a la Guardia Civil como a las policías locales de los municipios para que no sigan denunciando este tipo de situaciones», finaliza el artículo de Economist & Jurist.
