El Heraldo del Henares
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha señalado los próximos días 3 al 10 de noviembre de 2026 para la celebración del juicio oral contra los cinco integrantes de la banda motera Comanchero MC Guadalajara, I.G.M., I. R.M., J. L. G., A. V. V., Y D. O. F., por dos delitos de tráfico de drogas internacional, que se habrían cometido entre septiembre de 2019 y junio de 2021.
Información de Roberto Mangas Morales
Según el escrito de acusación del fiscal al que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, para el principal acusado y supuesto líder de la organización criminal, I.G.M., el Ministerio Público le pide la pena de 14 años de prisión, mientras que para los otros cuatro pide 10 años.
En su relato, el fiscal señala que el acusado I.G.M., fundó Comancheros MC Guadalajara, con sede en Cabanillas del Campo, como parte de la sección de Comancheros Moto Club Spain, una banda motera transnacional de ideología de extrema derecha que tiene su origen en Australia con el nombre de Comanchero MC.
Según dicho escrito, la asociación tenía como fin la elaboración, tráfico y distribución de sustancias estupefacientes, como metanfetamina, hachís o marihuana.
Los acusados, bajo la jerarquía de mando de I. G.M, , que según el fiscal consiguió hacerse con la presidencia de la banda motera a nivel nacional, ‘contactaban con otros miembros de la asociación radicados en distintos países para desarrollar como actividad principal y reiterada el envío y distribución de sustancias tóxicas, principalmente metanfetamina, marihuana y hachís en grandes cantidades con la finalidad de enriquecerse de manera injusta con esta actividad bajo la apariencia de haber constituido una asociación lícita‘.
Para llevar a cabo sus actividades, los acusados se comunicaban a través de la aplicación ANOM, que supuestamente no deja rastros y está encriptada, con un comanchero de Turquía, para distribuir metanfetamina desde Guadalajara hacia Australia, que iban camufladas en envíos de correos entre libros y aceite.
Uno de estos envíos, de 3 kilos de metanfetamina enviado desde la oficina de Correos de Meco (Madrid) en noviembre de 2019, según el fiscal, fue interceptado en la aduana de Perth, Australia, lo que provocó que las autoridades de dicha país extracomunitario iniciara una investigación para identificar a los remitentes.
Un año después, en octubre de 2020, uno de los acusados, viajó hasta Utrech, Holanda, a fin de recoger y traer en coche para evitar controles un bidón de 10 litros de un líquido con el que fabricar en nuestro país la metanfetamina, fabricación que comenzó en enero del año siguiente, en 2021.
Paralelamente a este tráfico y elaboración de metanfetamina, según el fiscal, los acusados entablaron contacto con otro grupo criminal dedicado a la venta de hachís y marihuana, con los que empezaron a colaborar en el envasado y carga de cientos de kilos de hachís y marihuana en camiones que luego la otra banda distribuiría por España y otros países de Europa.
Para dar una apariencia de legalidad a estos envíos, los acusados llegaron a constituir una empresa de exportación de materiales de construcción con sede social en Alcalá de Henares ‘cuyo objeto social real constituía el envío de sustancias estupefacientes a nivel internacional simulando relaciones empresariales‘, según el fiscal.
En concreto, según el fiscal, en fechas sucesivas entre marzo y julio de 2020 la organización dedicó a la distribución y venta un total de 547,5 kilos kilos de hachís y marihuana y 3 kilos (3.000 gramos) de metanfetamina, según el fiscal, que valora el kilo de marihuana en 1.800 euros y el gramo de metanfetamina en 12 euros.
Uno de los camiones, con 156 kilos de resina de hachís fue interceptado por las autoridades francesas en la autopista A2,en el área de descanso de Roquigny.
Toda esta actividad ilícita concluyó con la operación ‘Escorpio’ por la cual se detuvo a los cinco integrantes de la asociación de comancheros y se procedió a la entrada y registro de sus viviendas ordenado por el juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara en los municipios de residencia de los mismos, en concreto en Guadalajara, Malaguilla, Trijueque, Marchamalo y Yebes.
En concreto, en la operación participaron de forma conjunta por la Jefatura de Información (UCE3), el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial y la Comisaría General de Información de la Policía, además de efectivos de los GEOS de la Policía Nacional y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, según informaron en su momentos fuentes de la investigación.
En dichos registros los agentes encontraron dinero en metálico, productos de merchandising de ideología radical de extrema derecha, balanzas de precisión, armas y cartuchos, cuchillos, pistolas eléctricas, una ballesta, puños americanos, botes de spray pimienta, etc.
14 años de prisión para el líder y 10 para el resto
Por todo ello, el fiscal pide para el supuesto líder de la organización criminal, I. G.M, , un total de 14 años de prisión como autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud cometido en cantidad de notoria importancia y en el seno de una organización delictiva.
Además, solicita para él que se le imponga una multa de 2.750.000 euros.
Para el resto de acusados solicita 10 años de prisión como autores del mismo delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud cometido en cantidad de notoria importancia y en el seno de una organización delictiva, así como una multa de 1.750.000 euros a cada uno de ellos.
La defensa pide la nulidad por la doctrina del ‘fruto del árbol envenenado’
Por su parte, Ignacio Menéndez, letrado de la defensa de dos de los acusados, entre ellos del supuesto líder I.G.M., en sus conclusiones provisionales ha rechazado la comisión de cualquier delito por parte de sus representados y ha negado que exista una sola prueba que los vincule con el relato fáctico realizado por el Ministerio Fiscal.
En su escrito también ha solicitado la nulidad de las actuaciones al entender que la causa ha sido instruida de forma prospectiva y con informes ‘realizados con animadversión, parcialidad, subjetividad y mala fe de las unidades de policía judicial actuantes‘ al tener animadversión hacia el propio acusado.
Además, ha señalado que las intervenciones telefónicas y de equipos informáticos realizadas por las autoridades de Australia y Estados Unidos no fueron debidamente validadas ni legalizadas en tiempo por la autoridad judicial española por lo que ‘no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales‘.
También ha pedido la nulidad del contenido de un disco con grabaciones entregadas por ‘el Fiscal del sur de California a la Fiscalía Antidroga de España por la que se informaba de una operación llevada a cabo entre esa oficina fiscal y el FBI de San Diego en el curso de la cual tenían información sobre delitos cometidos en España‘ y que no fue comunicado al juzgado de la causa contra los acusados hasta 1.047 días después.
‘Todo ello conlleva necesariamente el archivo definitivo de esta en aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado, al existir evidente conexión de antijuridicidad entre las intervenciones telefónicas y la totalidad del resto de diligencias de investigación practicadas, que desarrollaremos en la cuestión de fondo‘, arguye la defensa en su escrito.
Finalmente, la defensa ha pedido la abstención de la presidenta de la Audiencia Provincial y de tres magistrados más para el acto de la vista oral al entender que ‘han tenido previo conocimiento de la causa y han resuelto ya, denegatoriamente, las cuestiones previas esgrimidas en este escrito, que se reiteran, a los efectos de evitar cargar a la Ilma. Sala con un incidente de recusación‘.
El juicio se celebrará en al menos seis sesiones, entre el 3 y el 10 de noviembre, y al mismo, además de los cinco acusados, comparecerán decenas de testigos y peritos, en su mayoría agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como varios agentes de la Policía Federal y de Fronteras de Australia y uno más del FBI de Estados Unidos, estos últimos a través de videoconferencia.
