domingo , 25 febrero 2024
Ayuntamiento de Tartanedo (Guadalajara)

El juicio contra el alcalde socialista de Tartanedo (Guadalajara), Francisco Larriba, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y coacciones se celebrará el próximo 29 de abril: la acusación particular pide para él 6 años y 2 días de prisión

El juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha señalado el próximo 29 de abril a las 11,30 horas para la celebración del juicio por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y coacciones contra el alcalde socialista de Tartanedo (Guadalajara), Francisco Larriba Alonso.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, Larriba Alonso se sentará en el banquillo a instancia de una vecina del municipio que ejerce la acusación particular, L. S. N., y que solicita para el primer edil una condena total por la suma de los tres delitos de seis años y dos días de prisión y 17 años de inhabilitación para cualquier cargo público.

Así, por el delito de prevaricación administrativa o urbanística, la denunciante solicita se le imponga la pena de dos años y un día de prisión, 24 meses de multa a razón de 30 euros al día (21.600 euros), e inhabilitación para cualquier cargo público por 12 años.

Por el delito de malversación de caudales públicos la acusación solicita para Larriba Alonso la pena de dos años de prisión, 12 meses de multa a razón de 30 euros al día (10.800 euros), e inhabilitación para cualquier cargo público o derecho de sufragio por término de cinco años.

Edificio de los nuevos juzgados de Guadalajara

Finalmente, por el delito de coacciones la denunciante solicita se le imponga al primer edil socialista de Tartanedo la pena de dos años y un día de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tres años.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular solicita que se condene a Larriba Alonso al pago de 30.000 euros por los daños morales; más otros 1.928,74 euros a favor del Ayuntamiento de Tartanedo en compensación por el dinero malversado, más otros 45.985,71 euros correspondientes a los daños y perjuicios que se le ha causado al Consistorio como consecuencia del ejercicio de la correspondiente acción de responsabilidad patrimonial por el valor de las obras.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa penal contra el alcalde, sin perjuicio de la reserva de las acciones administrativas correspondientes a favor de la denunciante.

En su momento también fue acusado el concejal de Tartanedo y alcalde pedáneo de Labros, Juan José Berlanga Martínez, pero al haber fallecido, la causa se archivó respecto del mismo por extinción de la responsabilidad criminal.

La causa fue instruida por el juzgado de instrucción de Molina de Aragón, municipio a cuyo partido judicial pertenecen Tartanedo y Labros, hasta la apertura de juicio oral, momento en que las actuaciones fueron remitidas al juzgado de lo Penal de Guadalajara para la oportuna celebración de la vista oral el próximo 29 de abril.

Diez años sin poder construir en el solar de su propiedad

Los hechos por los que L.S.N. presentó una querella contra Larriba y Berlanga se remontan al año 2013, cuando esta vecina compró un terreno en la pedanía de Labros, dependiente de Tartanedo, en el que se encontraba una edificación ruinosa, a fin de poder derruirla y levantar un nuevo edificio.

Solicitadas las oportunas licencias de obra, tanto para el derribo de la vieja edificación como para las obras de la nueva, estas le fueron aprobadas por el propio Ayuntamiento de Labros unos meses después, por lo que la querellante contrató los oportunos servicios de un arquitecto y un constructor e inició las obras.

Sin embargo, según consta en el escrito de acusación presentado ante el juzgado, Juan José Berlanga, que como se ha dicho, ya ha fallecido, en aquella fecha era alcalde pedáneo de Labros y su familia propietaria de la vivienda en frente de la de la querellante, por lo que, siempre según el contenido del escrito de acusación, dio orden de construir un muro de una docena de metros de largo por 1,50 de alto justo delante de la propiedad de esta vecina, lo que de facto le impedía seguir con las obras de la nueva edificación.

Vista panorámica del municipio de Labros

En paralelo a la construcción a este muro de hormigón, según la querellante, Larriba le aseguró que «si ella accedía a entregar al Ayuntamiento parte de su solar, él de forma personal le solucionaría el problema, y le entregaría a cambio la parte de la calle pública donde se estaba edificando el cerramiento».

Al tratarse de una oferta completamente ilegal, ya que el suelo público no se puede ceder para uso particular, esta vecina rechazó de plano la oferta y exigió que se le dejase seguir construyendo en su propiedad, tal como le permitían las licencias que el propio alcalde le había concedido meses atrás.

En su escrito de querella, esta vecina afirma que todo este asunto viene motivado por el hecho de que el fallecido edil de Labros, Juan José Berlanga, no quería tener una construcción enfrente de la suya para no perder vistas e iluminación, y que para ello «se concertó con el alcalde de Tartanedo» para evitarlo.

Mientras tanto, como asegura la querellante, en estos más de diez años que han pasado desde que obtuvo la primera licencia de obras de nada le han valido los informes a su favor del Seprona de la Guardia Civil; ni los de la Dirección General de Vivienda y urbanismo de la JCCM, que a través del Servicio de disciplina y apoyo técnico urbanístico establecían que es ilegal la permuta de suelo público que pretendían los querellados; ni las propias licencias municipales que le concedió inicialmente el propio alcalde de Tartanedo; ni la actuación del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara, al que tuvieron que recurrir para que el Ayuntamiento les facilitase la información sobre las obras del muro que a ellos les denegaban una y otra vez… Según se lamente en su escrito de querella, nada de ello le ha servido, sigue sin poder construir y con un muro delante de su propiedad que le impide poder reanudar las obras.

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