martes , 8 octubre 2024

Imputado el dueño de una empresa de Alcalá de Henares por verter de forma ilegal residuos con amianto en varios puntos de la provincia de Guadalajara

Una investigación llevada a cabo por la Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Guadalajara (PACPRONA) ha terminado con la desarticulación de la actividad ilegal de una empresa de reforma sita en la localidad de Alcalá de Henares y la imputación de su responsable por la comisión de diferentes delitos relacionados con la gestión ilegal de residuos.

Según han informado fuentes del Instituto Armado en Guadalajara, la investigación se inició a raíz de tres vertidos realizados en diferentes puntos de la provincia que fueron presenciados por distintos ciudadanos que lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil.

A partir de ahí, las indagaciones llevaron a los investigadores del SEPRONA a una empresa de reforma sita en Alcalá de Henares.

Dicha empresa realizaba trabajos de retirada de amianto sin tener la autorizaciones pertinentes ni estar registrada para ejercer tal actividad.

Así mismo, se constató que los residuos no estaban siendo entregados en un centro de tratamiento autorizado y que además los empleados de la empresa no contaban con las medidas de protección adecuadas para realizar este trabajo.

Gestión de residuos de fibrocemento con amianto

Las cubiertas de fibrocemento, conocidas comúnmente como uralita, en cuanto a su contenido en amianto, está considerado como residuos peligrosos según la legislación Europea.

La manipulación y gestión de este residuo exige una formación y requisitos específicos de los empleados que los vayan a manipular, así como la utilización de equipos y materiales de protección especiales.

El incumplimiento de estas medidas puede acarrear un riesgo grave para la salud de las personas puesto que el amianto puede ser cancerígeno y producir toxicidad específica en determinados órganos.

Igualmente, el abandono incontrolado de residuos tóxicos peligrosos en el medio natural sin proceder a su entrega en un centro de tratamiento autorizado puede ocasionar graves daños al medio ambiente.

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