jueves , 4 marzo 2021
José Miguel Cócera

La Audiencia provincial desestima la querella del alcalde de Yebes contra un edil del PP que pidió saber la cuantía exacta de la deuda del regidor y su familia con el Ayuntamiento

El Partido Popular de Yebes y Valdeluz, ha informado en un comunicado que la Audiencia provincial de Guadalajara ha confirmado el sobreseimiento de la denuncia que puso el alcalde del municipio, el socialista José Miguel Cocera, contra el exconcejal popular, Diego Jiménez Figueroa por un supuesto delito de revelación de secretos, por lo que ha condenado en costas al regidor yebero.

Según estas fuentes, el exedil popular había solicitado, tanto por escrito como en el pleno información sobre las deudas que el alcalde y/o su unidad familiar tenía con las arcas municipales.

El fallo judicial deja claro que en este caso no se ha visto afectado ningún interés general  del Ayuntamiento, ni se ocasionó ningún perjuicio al Ayuntamiento, y que los hechos denunciados solo afectaban al alcalde.

Igualmente, deja constancia de que quien actuó en defensa del interés general fue el concejal popular, Diego Jiménez.

“Con los actos denunciados se pretendía conocer la realidad de las cuentas de la corporación local y se instaba al alcalde para que cumpliera con la normativa para dar transparencia a las mismas, lo que sí tenía interés general y afectada directamente a la corporación local y a los ciudadanos de la localidad”. 

Según estas fuentes, el tribunal ha establecido que el concejal popular actuó en el ejercicio de sus funciones por lo que no se produjo ningún acto de intromisión ilegítima en la esfera de la intimidad del alcalde ni de su unidad familiar: «se limitó a cumplir con parte de su función, de fiscalización y control a la corporación, a través de una pregunta al Pleno y de una denuncia al Tribunal de Cuentas».

Esther García

Desde la Junta Directiva del Partido Popular de Yebes y Valdeluz, han manifestado su satisfacción con esta resolución «que pone fin a una situación absurda que puede llegar a costar a los vecinos más de 20.000 euros, dinero que sale de las arcas municipales y los bolsillos de los vecinos y que, ante este fallo judicial, que reconoce que en este caso el alcalde no actuó en defensa de ningún interés general, debería abonar íntegramente el alcalde José Miguel Cócera o el PSOE». 

Los hechos se remontan al año 2018, cuando, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, el entonces portavoz del Grupo Municipal Popular y Secretario de la Junta Local del Partido Popular, Diego Jiménez Figueroa, solicitó se le hiciera entrega de la Cuenta General del Ayuntamiento de Yebes.

«Con sorpresa se descubrió que la unidad familiar de la que formaba parte el alcalde y él mismo, arrojaba un saldo deudor como consecuencia del impago de tributos o tasas a la corporación», han informado estas fuentes.

Teniendo en cuenta que el alcalde socialista, desde que ha sido o bien concejal  o alcalde, ha ido solicitando continuadamente anticipos de nóminas o anticipos a justificar, y a la vista de la información sobre las deudas, el concejal del Partido Popular solicitó en varias ocasiones, en el ejercicio de su función de control y al amparo de la propia normativa sobre transparencia y buen gobierno, información sobre si las deudas del alcalde estaban al corriente de pago y si se estaban practicando las oportunos embargos de nómina, igual que se haría con cualquier persona que tiene deudas con la administración.

Ayuntamiento de Yebes

Según el PP, ante las insistentes negativas del alcalde a dar esa información, se remitió el caso al Tribunal de Cuentas, a fin de que se requiriera al alcalde a dar esta información. De ello se hacen eco los vecinos y algunos medios de comunicación.

«El alcalde, lejos de facilitar la información, interpone una querella contra Diego Jiménez Figueroa por un presunto delito de revelación de secretos; contra Esther García Sagasta, vecina entonces del municipio y actual portavoz, por difusión de noticias en redes sociales sobre este asunto; y también contra un periodista que se hizo eco de la información», han añadido.

«Instruido el caso, y a pesar de las mentiras que en vista oral y como testigo formuló el socialista José Miguel Cócera, las cuales se encuentran grabadas y documentadas, por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara, en fecha 11/10/2019, se  acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. Pese a ello, el socialista presenta  recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, que ha resuelto desestimándolo y confirmando el auto de 2019, así como imponiendo la condena en costas por “temeridad”.

“En el presente supuesto se aprecia que existe temeridad en el mantenimiento de la acusación del Ayuntamiento de Yebes interponiendo el recurso de apelación tras acordar que carecía de legitimación, y oponiéndose al sobreseimiento provisional de las actuaciones a pesar de carecer los datos publicados del carácter de reservados y confidenciales al ser públicos y carecer de toda base lógica y racional su argumentación», han manifestado desde el PP.

Igualmente deja claro que las deudas del alcalde Cócera y su unidad familiar con el Ayuntamiento, ni eran secretas, ni reservadas ni confidenciales, por lo que ni se reveló ningún secreto ni se vulneró intimidad alguna, ni por parte del concejal y Secretario del Partido Popular de Yebes y Valdeluz , Diego Jiménez Figueroa, ni por parte de la vecina entonces, actualmente concejal del Grupo Popular, Esther García, ni por parte de ningún medio de comunicación.

Por todo ello, desde el PP han exigido que sea el alcalde o el PSOE quienes asuman el coste de esta actuación y abonen de su propio bolsillo los gastos ocasionados por la misma, así como que se ponga al día de las deudas que pueda tener pendientes con el Ayuntamiento del que cobra y, por supuesto, que pida disculpas públicamente a Diego Jiménez Figueroa, Esther García y al periodista que publicó la noticia, todos ellos acusados de forma infundada.

«Y, teniendo en cuenta su catadura moral y la utilización interesada de los recursos públicos para fines distintos de la defensa del interés general, solicita su inmediata dimisión», han finalizado.

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