El Heraldo del Henares
El equipo de Gobierno de PP y Vox del Ayuntamiento de Guadalajara y el grupo municipal de Aike en el mismo han valorado muy positivamente el auto dictado por la sección 1ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, TSJCLM, en el que ordena al Gobierno de Emiliano García Page para que cumpla de forma inmediata la sentencia que le obliga a rehabilitar los terrenos del Fuerte de la capital alcarreña (ver auto completo en este enlace).
Por un lado, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha comparecido antes los medios de comunicación junto a la jefa de Servicio de Urbanismo, Blanca Causapié, para señalar que «el incumplimiento, la burla y la manipulación a la que la Junta de Comunidades ha sometido a Guadalajara con el Fuerte de San Francisco tienen que acabar hoy”.
Esteban ha explicado que el auto, del que ha informado extensamente EL HERALDO DEL HENARES nada más ser notificado a las partes, responde al incidente de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2024, ante el incumplimiento reiterado de la sentencia de 11 de septiembre de 2017, que adquirió firmeza el 29 de octubre de 2018 y que condenaba a la Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha a rehabilitar todos los espacios y edificaciones que conforman el Fuerte de San Francisco, tal y como ya se había establecido en el Plan de Singular Interés aprobado en 2004.
Según ha señalado Esteban, el Tribunal ha constatado de forma expresa que durante más de siete años no se ha cumplido la sentencia por lo que ha rechazado los argumentos de prescripción alegados por el Gobierno de García Page.
«En el presente caso es un hecho notorio y no desvirtuado que más de siete años después de la firmeza de la sentencia, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no ha dado cumplimiento a las obligaciones de hacer impuestas en el fallo, no se han ejecutado las demoliciones, no se ha procedido al desalojo de los ocupantes y, salvo la licitación de dos proyectos que además han quedado paralizados, no se han avanzado en la rehabilitación del resto de inmuebles”, señala dicha resolución judicial.
Además, el TSJCLM va más allá y concluye que la inactividad de la Junta ha vulnerado la tutela judicial efectiva, y ha recordado que el artículo 118 de la Constitución Española establece la obligación de todas las administraciones de cumplir las resoluciones judiciales.
En este sentido, el auto afirma que “la inactividad de la administración condenada ha provocado un grave deterioro de los inmuebles, como se acredita en el informe técnico aportado, y constituye un claro incumplimiento del fallo judicial que debe ser corregido por esta Sala”.
Plazos concretos y obligatorios
Ante esta situación, el Tribunal considera procedente acordar la ejecución forzosa de la sentencia, accediendo a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Guadalajara, y fija plazos concretos, obligatorios y perentorios para cada una de las actuaciones pendientes.
El auto establece, entre otros plazos, un mes para iniciar la licitación de las obras de rehabilitación de las naves de cerrajería y escuelas municipales, así como de la nave de forja destinada a biblioteca municipal; un mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles incluidos en el Plan de Singular Interés; y un mes para iniciar la licitación de las demoliciones de los inmuebles incompatibles con el planeamiento.
Asimismo, concede cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de edificios conforme a los usos fijados en el anexo del acuerdo complementario de 22 de diciembre de 2010, y seis meses para subsanar las deficiencias detectadas en los informes de evaluación de edificios desfavorables.
Además, el Tribunal requiere a la Junta para que en el plazo de diez días identifique ante la Sala a la autoridad o funcionario responsable de impulsar y culminar las actuaciones ordenadas, advirtiendo expresamente de que el incumplimiento del auto “podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas y a la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
Durante la comparecencia, Alfonso Esteban ha señalado que este auto supone un respaldo rotundo a la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara y a la defensa firme de los intereses de la ciudad.
“Hoy queda demostrado que el Ayuntamiento tenía razón y que lo que venimos denunciando desde hace años no era un relato político, sino una realidad avalada por los tribunales, que ha establecido que la obligación de rehabilitar el Fuerte no dependía de nuevos convenios ni de acuerdos adicionales, sino del cumplimiento de una sentencia firme».
Esteban ha finalizado señalando que confía en que, una vez transcurrido el plazo legal de recurso, “la Junta acate el auto y lo cumpla, poniendo fin a más de dos décadas de incumplimientos con la ciudad de Guadalajara y a una situación que ha perjudicado gravemente a uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de Guadalajara”.
Causapié: «Corresponde en todo momento a la Junta ejecutar las obras y los desalojos
Por su parte, la jefa de Servicio de Urbanismo, Blanca Causapié, ha precisado que los usos de los distintos inmuebles quedaron definidos en el anexo de 2010, en el que se concretaron usos de equipamientos públicos municipales —biblioteca, escuelas municipales, espacios culturales, administrativos, juveniles, residencia de estudiantes, museo de la ciudad o centro de información turística— corresponde en todo momento a la Junta la ejecución de las obras, así como la tramitación de los desalojos y las posibles indemnizaciones cuando proceda.
Aike: «Este auto termina con la estafa del Gobierno regional con el Fuerte»
Por su parte, la otra parte personada en este procedimiento judicial, el grupo municipal de Aike, en la persona de su entonces portavoz Jorge Riendas, ha dado también a conocer hoy su satisfacción por esta resolución judicial que también apoya sus reivindicaciones para este espacio urbano.
En una comparecencia realizada en las inmediaciones de la abandonada Nave de Forja situada en el Fuerte de San Francisco, Susana Martínez, concejal de Aike, y Jorge Riendas, portavoz del partido municipalista, han calificado la resolución judicial de «clara y contundente que insta a “proceder a la inmediata y completa ejecución de la sentencia”.
Para Riendas “un auto con esta concreción es muy buena noticia para la ciudad, por lo que a la Junta se le han acabado las excusas y tienen que empezar a actuar, comenzando con dos proyectos de máximo interés para la ciudad como son las Escuelas Municipales y la Biblioteca».
«El dictamen del Tribunal Superior de Justicia es una gran noticia para la ciudad al poner en valor la importancia de la acción pública en cuestiones urbanísticas como esta, en la que la ciudad tiene que tomar la palabra, no podemos dejar que PP y PSOE sigan pasándose la pelota, ni que el gobierno regional siga estafando a la ciudad con el Fuerte«, han finalizado.
