El Heraldo del Henares
Desde la Asociación Profesional de Guardias Civiles (APROGC) observamos con enorme preocupación las informaciones conocidas en los últimos días sobre presuntas actuaciones dirigidas a desacreditar, apartar o neutralizar a servidores públicos por razón de las investigaciones que desarrollaban en el ejercicio de sus funciones.
APROGC ha defendido siempre un principio irrenunciable: la absoluta neutralidad política de los guardias civiles y su sometimiento exclusivo a la Constitución, a la ley y a los mandatos de la autoridad judicial competente.
Precisamente por ello, cualquier actuación encaminada a condicionar, interferir o cuestionar el trabajo profesional de un guardia civil por el contenido o las consecuencias de una investigación constituye un ataque a principios esenciales del Estado de Derecho. Los investigadores no pueden convertirse en objetivo de quienes se sienten incómodos por las conclusiones de su trabajo.
Las revelaciones conocidas estos días obligan a formular una reflexión que trasciende cualquier coyuntura política y cualquier interés partidista. La pregunta resulta inevitable: ¿qué habría ocurrido si determinadas conversaciones destinadas a desacreditar, apartar o desactivar a investigadores en asuntos de enorme relevancia pública hubieran quedado grabadas y hubieran salido a la luz años atrás?
¿Qué hubiera sido del coronel Pérez de los Cobos, del coronel Manuel Sánchez Corbí o del teniente coronel Daniel Baena si las conversaciones, maniobras o estrategias dirigidas contra ellos hubieran quedado registradas con la misma claridad que las que hoy conoce la opinión pública? ¿Cuál habría sido la reacción institucional, política y mediática? ¿Se habría considerado aceptable intentar neutralizar a servidores públicos por el mero hecho de cumplir con su obligación?
No corresponde a APROGC responder a estas cuestiones. Corresponde a la sociedad, a las instituciones y, en su caso, a los tribunales. Pero sí nos corresponde recordar que ningún guardia civil debe sufrir presiones, campañas de descrédito o intentos de apartarlo de sus funciones por el resultado de una investigación desarrollada conforme a la ley.
La confianza de los ciudadanos en las instituciones exige que jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad y demás servidores públicos puedan actuar con plena independencia, libres de injerencias y con la única guía del ordenamiento jurídico. Cuando se intenta desacreditar a un investigador por hacer su trabajo, no se debilita únicamente a una persona; se debilita la confianza en las propias instituciones democráticas.
La defensa de las instituciones no consiste en proteger a gobiernos, partidos o intereses particulares. Consiste en proteger a quienes cumplen la ley y garantizar que puedan hacerlo con libertad, imparcialidad y seguridad jurídica.
APROGC seguirá defendiendo estos principios con independencia de quién gobierne y de cuál sea el asunto investigado, porque la neutralidad política de los guardias civiles no es una opción: es una obligación profesional y una garantía democrática para todos los ciudadanos.
Asociación Pro Guardia Civil, APROGC
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