El Heraldo del Henares
Esta semana, el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, se volvía a dejar ver, un año más, en el tradicional vermú solidario organizado por Nipace y lo hacía como es habitual en todas las salidas que hace del palacio de Fuensalida: arropado por la cúpula regional y local del partido, en una estampa de cercanía y vocación social de cara a la galería.
Por Andoni Madrid y Cuka Leyre
Sin embargo, apenas unas horas después de apurar los canapés y las fotos institucionales en tierras alcarreñas, la realidad de los despachos contrasta drásticamente con el postureo festivo: la maquinaria de la Junta se ponía en marcha para encajar la llegada a Castilla-La Mancha de 14 menores procedentes de la invasión de la ciudad española de Ceuta por parte de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.
Porque una cosa es el titular grandilocuente en los eventos benéficos y otra muy distinta la gestión real sobre el terreno. El Gobierno autonómico acepta estas derivas con una mezcla de sumisión a los pactos de la Moncloa y de cálculo partidista, intentando aparentar moderación y firmeza al mismo tiempo.
Ante la opacidad que reina en este asunto, algo habitual en el Gobierno regional, la incertidumbre se instala en nuestras provincias: ¿Cuántos de esos 14 menores vendrán a Guadalajara?
Es legítimo preguntarse si figurines como Alberto Rojo habrán movido hilos en la sombra para que los acojamos con tanta docilidad, priorizando la disciplina de partido frente a las costuras de nuestros servicios sociales.
La improvisación sigue siendo la seña de identidad de una administración que utiliza la solidaridad como coartada para enmascarar su incapacidad de respuesta a los problemas estructurales de la región. Mientras se abren de par en par las puertas a golpe de decreto y baño de masas, las listas de espera sanitarias baten récords, la Guadalajara vaciada se desangra sin servicios básicos y los recursos destinados a la infancia vulnerable de aquí ya sufren grietas que los hacen insostenibles por pura falta de medios.
Llegados a este punto, es inevitable apelar al sentido común y poner voz al malestar creciente en Guadalajara.
El ciudadano de a pie se pregunta: ¿Hasta cuándo va a seguir pagando Castilla-La Mancha las facturas de la criminal y antieuropea gestión migratoria de puertas abiertas del Gobierno central, mientras el señor Page se limita a pasearse por ferias y a lanzar algaradas dialécticas en Madrid para luego agachar la cabeza y acatar en silencio todo lo que le imponen desde Ferraz?
La respuesta es tan triste como evidente: los ciudadanos sufrimos las consecuencias de un Ejecutivo regional más ocupado en la supervivencia política, la propaganda y en el funambulismo ideológico que en blindar el bienestar, la cohesión y los recursos de los castellanomanchegos. ¿O no?
