El Heraldo del Henares
Una niña de cuatro años entra en Urgencias del Hospital Universitario de Guadalajara a las 12:59 horas. Tiene fiebre de hasta 39 grados, lleva dos días con dolor abdominal y ese día ha empeorado.
Le hacen una analítica. Los resultados muestran valores absolutamente anormales y fuera de los rangos. El dolor persiste.
Pasa una hora. Pasan dos. Pasan muchas más.
Según la cronología vivida por su familia, la ecografía no se realiza hasta aproximadamente las diez de la noche. Han transcurrido unas nueve horas desde que la niña llegó a Urgencias.
La ecografía confirma una apendicitis aguda con un apendicolito de aproximadamente 7,5 mm. Hay que trasladarla al Hospital Universitario 12 de Octubre, que dispone de Cirugía Pediátrica. En el informe del Hospital de Guadalajara consta el alta para el traslado a las 23:20 horas.
Han pasado 10 horas y 21 minutos desde que aquella niña de cuatro años entró en Urgencias.
Pero la historia no termina ahí.
El apéndice acaba perforándose. La niña termina ingresada en una UCI.
Y entonces las horas dejan de ser simplemente números.
No sé —y no me corresponde determinarlo— si aquellas horas de espera fueron determinantes para que el apéndice terminara perforándose. Pero sí creo que lo sucedido obliga a formular preguntas muy serias.
¿Por qué una niña de cuatro años con dolor abdominal persistente, fiebre y parámetros inflamatorios elevados tuvo que esperar tantas horas para una ecografía? ¿A qué hora estuvieron disponibles los resultados de la analítica? ¿Cuándo se solicitó realmente la prueba? ¿Qué prioridad se le asignó? ¿Fue reevaluada durante esas horas? ¿Podría haberse realizado antes la ecografía? ¿Podría haberse agilizado el traslado?
Y hay una pregunta especialmente difícil de apartar:
¿Qué habría ocurrido si el diagnóstico se hubiera producido varias horas antes?
No podemos saber la respuesta sin una investigación rigurosa. Pero cuando el desenlace es una apendicitis perforada y el ingreso en UCI de una niña de cuatro años, preguntar no solo es legítimo: es necesario.
Y aquí este caso concreto se convierte también en una reflexión sobre algo mucho más amplio.
España ha construido durante décadas un sistema sanitario público del que, con razón, nos hemos sentido orgullosos. Pero el prestigio acumulado no puede servir para ocultar los problemas del presente. Una sanidad pública no es excelente porque lo haya sido durante años ni porque repitamos que lo es. Lo es cuando responde adecuadamente cuando alguien la necesita.
Cuando las esperas se prolongan durante horas, cuando la capacidad asistencial no permite dar determinadas respuestas con la rapidez necesaria o cuando un paciente tiene que ser trasladado porque el centro en el que se encuentra no dispone de la atención especializada que necesita, tenemos la obligación de preguntarnos qué está ocurriendo.
Lo verdaderamente peligroso sería acostumbrarnos.
Acostumbrarnos a esperar. A la saturación. A pensar que determinadas demoras son inevitables. A aceptar como parte del funcionamiento ordinario situaciones que deberían obligarnos a revisar recursos, organización y capacidad asistencial.
Defender la sanidad pública también significa exigir responsabilidades cuando algo puede haber fallado. Significa investigar, explicar y corregir. Y significa hacerlo no para buscar culpables de antemano, sino para evitar que vuelva a suceder.
Porque detrás de los protocolos, los tiempos de espera y las estadísticas hay personas.
Esta vez era una niña de cuatro años. Era mi sobrina.
Entró en Urgencias a las 12:59.
Más de diez horas después era trasladada a otro hospital.
Y terminó en una UCI con el apéndice perforado.
Su familia merece saber qué ocurrió durante aquellas horas. Y todos deberíamos querer saber qué hay que cambiar para que una historia así no vuelva a repetirse.
Sonia Pérez Díaz. Guadalajara
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