El Heraldo del Henares
Resumen
El presente trabajo analiza sintéticamente la compatibilidad de las doctrinas coactivas de carácter ultra-terreno —fundamentadas en el miedo a la condenación o al castigo eterno— con el marco garantista del Estado social y democrático de Derecho. Se sostiene que el ejercicio de una violencia o coerción psicológica continuada, basada en enunciados no falsables ni empíricamente contrastables, constituye un vicio en el consentimiento y una intromisión ilegítima en la integridad moral y la autonomía individual de los ciudadanos.
Se argumenta la existencia de un deber positivo de protección por parte del Estado para tutelar la libertad real de decisión frente a estructuras de persuasión coercitiva, sin que la libertad religiosa pueda operar como una patente de corso o de inmunidad frente a la tutela de los derechos fundamentales.
Decimos que una persona es libre de profesar una religión, de cambiarla o de abandonarla. Pero ¿qué significa esa libertad cuando, desde antes de poder examinar críticamente lo que se le enseña, ha aprendido que la desobediencia puede conducirla a un castigo eterno?
La pregunta no exige negar a nadie su fe. Tampoco pretende decidir si existe Dios, si hay vida después de la muerte o si una tradición religiosa contiene enseñanzas valiosas. Se refiere a otra cuestión: cómo se forma una voluntad y qué ocurre cuando el miedo interviene en su formación.
Una puerta puede estar abierta y, sin embargo, resultar muy difícil atravesarla. Si quien debe hacerlo cree que al otro lado le espera una condenación infinita, la ausencia de una cerradura no basta para describir su situación como plenamente libre.
La libertad religiosa merece protección, siempre y cuando no resulte lesiva para los derechos individuales por lo que también merece examen la autonomía de quien ha recibido una educación religiosa.
1. Introducción y delimitación del problema
El ordenamiento constitucional contemporáneo consagra el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual como pilares sobre los cuales se articula el sistema de derechos fundamentales. No obstante, en la praxis social y doctrinal persiste la difusión sistemática de narrativas dogmáticas que articulan su adhesión y su disciplina moral sobre la amenaza de consecuencias ultra-terrenas de severidad absoluta y duración indefinida.
Frente a la concepción tradicional que cataloga estas doctrinas dentro del ámbito inofensivo de la libertad de fe o de culto, el presente análisis examina la verdadera naturaleza de esa presión psicológica.
Cuando la inculcación de un temor irrefutable se proyecta desde la infancia o se mantiene en entornos comunitarios cerrados, se genera una asimetría de poder y una manipulación de la psique que condiciona de forma sustancial las decisiones vitales, económicas, afectivas y personales del individuo.
2. El principio de autonomía individual y la viciación de la voluntad
Para que la libertad de elección sea jurídicamente reconocible, requiere un entorno exento de coacción. El Código Penal español, en su artículo 522, tipifica el apremio ilegítimo, la violencia o la intimidación destinadas a obligar a una persona a practicar actos de culto o a modificar/mantener sus convicciones.
Aunque la dogmática penal clásica ha tendido a restringir el concepto de intimidación a males inminentes y terrenos, la ciencia psicológica y la sociología del derecho ponen de manifiesto que el impacto de una amenaza «crónica» e inverificable sobre la psique humana puede resultar mucho más paralizante que una coacción física puntual. Así:
La asimetría en la infancia: La inoculación de relatos de castigo eterno durante las etapas de formación del pensamiento crítico vicia el consentimiento de forma estructural. El individuo no «elige» libremente adherirse a un dogma; es condicionado mediante el miedo a declinar la adhesión.
El vicio del consentimiento continuado: Toda decisión adoptada bajo la premisa de evitar un mal supremo e ineludible (aunque este sea de naturaleza metafísica) carece de la libertad de juicio necesaria para ser considerada un ejercicio pleno de la autonomía personal.
3. El deber de protección del Estado frente al daño psicológico
El artículo 15 de la Constitución Española garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral. La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido de forma reiterada que los derechos fundamentales no solo imponen al Estado un deber de abstención (no lesionar), sino también un **deber positivo de garantía y protección** frente a las injerencias procedentes de terceros o de poderes de facto.
1. La integridad moral como bien jurídico protegido: La sumisión de la ciudadanía a estados de ansiedad existencial, culpa patológica o angustia inducida por relatos de condenación no constituye un hecho inocuo. Supone un menoscabo de la salud mental y la integridad moral colectiva.
2. Inexistencia de zonas exentas de control: Ninguna institución, amparándose en el artículo 16 de la CE (libertad ideológica y religiosa), puede arrogarse el derecho de vulnerar la integridad de los ciudadanos. La libertad de culto encuentra su límite infranqueable en la protección de los derechos de los demás y en el orden público protegido por la ley.
4. La exigencia de respaldo empírico en la tutela de la libertad de decisión
Un Estado aconfesional y racional no puede validar ni otorgar eficacia jurídica a enunciados que carecen de todo sustento científico o empírico cuando estos son empleados como herramientas de coacción social o económica.
Si bien el Estado debe respetar las creencias privadas en el fuero interno de cada individuo, no puede mantenerse neutral cuando la falta de evidencia científica de un relato coercitivo es utilizada para moldear comportamientos públicos, captar recursos patrimoniales o coartar la libertad de entrada y salida de las personas en determinados grupos o instituciones. Así:
Prevalencia de la libertad individual sobre la prédica coercitiva: Entre la libertad de una organización para emitir mensajes intimidatorios sin base empírica y la libertad del ciudadano a no ser sometido a coacción psicológica, el Estado de Derecho debe decantarse inequívocamente por la protección del individuo vulnerable.
La función del laicismo garantista: La laicidad del Estado no es mera pasividad; es una herramienta activa para desmantelar privilegios y neutralizar las estructuras que perpetúan la dominación a través de la coacción espiritual.
5. Conclusiones
1. La utilización del miedo a penas ultra-terrenas como mecanismo de control o disciplina constituye una forma de coerción psicológica estructural que mina la autonomía personal y distorsiona el libre desarrollo de la personalidad.
2. La pasividad del Estado ante estas prácticas no configura una postura de neutralidad, sino una omisión del deber de protección de la integridad moral y de la salud psicológica de la ciudadanía.
3. El ordenamiento jurídico debe evolucionar hacia la conceptualización y persecución de los vicios del consentimiento derivados de la manipulación dogmática, garantizando que ninguna fe ni institución religiosa quede al margen de la Constitución y de la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
Fernando Jabonero Orasio. Guadalajara
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