domingo , 23 enero 2022
Imagen de los centros penitenciarios de Madrid 1 y Madrid 2 en Alcalá de Henares. Fotografía de RTVE

Alternativa Sindical pide a los grupos parlamentarios de PP, Vox, Cs y Grupo Mixto una solución para los 500 vigilantes de prisiones de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura que ha dejado en paro la quiebra de Ombuds

El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, ha enviado un escrito a los grupos parlamentarios de PP, Vox, Ciudadanos y Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, a fin de instarles a que busquen ‘una solución inmediata para los más de 500 vigilantes de prisiones que se han visto abocados al desempleo’.

Según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado, esta misiva se ha remitido a la vista de que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska “ha fracasado nuevamente en su último concurso para cubrir las vacantes, tras desistir las dos únicas ofertas de las empresas SICOR -El Corte Inglés- y SECOEX, para tratar de cubrir la vigilancia de una veintena de centros penitenciarios en la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha”.

Estas fuentes han señalado que Marlaska no ha conseguido solucionar el problema de la vigilancia de esas prisiones meses después de que su departamento ordenara a la Guardia Civil sustituir a los vigilantes privados de la empresa Ombuds, adjudicataria del servicio de seguridad en dichas prisiones y que se había declarado en situación concursal.

El actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

“Durante todos estos meses, la situación en la veintena de prisiones de esas tres comunidades es la misma: sigue sin haber compañía de seguridad alguna que se haga cargo del servicio”, han añadido estas fuentes.

Desde Alternativa Sindical han denunciado la problemática situación que se está viviendo en dichos establecimientos penitenciarios por la desidia del ministerio del Interior: el trabajo que desempeñaba antes medio millar de vigilantes de seguridad privada ahora lo tienen que hacer tan solo medio centenar de guardias civiles.

La vigilancia en todas estas prisiones, por lo tanto, se ha reducido en las tres comunidades autónomas, según ASTSP, por lo que en Castilla-La Mancha y Extremadura, de hecho, ni siquiera han venido guardias civiles de otras regiones, como sí ha ocurrido en las prisiones de la Comunidad de Madrid.

Por tanto, los puestos que han dejado libres los vigilantes de Ombuds han sido cubiertos por funcionarios de la benemérita de unidades de esas dos zonas o, simplemente, no han sido ocupados con nadie, más allá del personal que ya prestaba servicio en la instalación, que ha reestructurado sus turnos.

“Pero buena parte de culpa de lo que está pasando no la tiene solo el ministro Grande Marlaska”, ha añadido Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, “también la tienen los sindicatos UGT y CCOO que aguantaron lo indecible, llegando a mentir incluso a los vigilantes hablándoles de soluciones con los bancos, soluciones que nunca llegaron para intentar salvar de la quiebra a Ombuds y, por tanto, a su medio millar de trabajadores”.

García ha añadido que estas soluciones nunca llegaron y a pesar de que desde su sindicato se instó al ministerio del Interior para que redujera el contrato e intentar eludir la quiebra de la empresa, “nunca se atendió nuestra petición por la connivencia de UGT y CCOO que estaban más por apoyar a la familia Cortina, propietaria de Ombuds, que al medio millar de trabajadores”.

Imagen cedida por Alternativa Sindical

Sin embargo, desde Alternativa Sindical se ha denunciado que este recorte en trabajadores no ha supuesto una reducción de gastos en personal y sí una merma en el servicio de vigilancia de esta veintena de centros penitenciarios y en otros servicios de seguridad ciudadana.

“Se ha procedido al traslado de agentes de la Guardia Civil desde puestos de seguridad ciudadana de otras regiones a estas prisiones en concursos de comisión de servicio, por los que se les abona entre 1.600 y 1.800 euros más al mes en conceptos de dietas, dinero que se abona desde el pasado mes de enero por la Dirección General de la Guardia Civil y que se suma al salario habitual de los mismos”, ha añadido García.

Estas fuentes han concluido señalando que el problema de fondo es que “Ombuds cerró con una enorme mochila en forma de deuda, que ahora deberá asumir la empresa de seguridad que la sustituya y la cantidad es tan alta que ninguna mercantil se presentó al concurso que el pasado diciembre abrió la Secretaría de Estado de Seguridad, que tuvo que declarar desierta la licitación”.

Finalmente, García ha denunciado que “desde el ministerio del Interior se están sacando hasta ahora todos los concursos a bajo precio, lo que no lo hace atractivo para las sociedades del sector porque no hay nadie dispuesto a cargar con las deudas de otro”.

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