martes , 30 noviembre 2021

Comunicado: ‘ACODAP pide orden de detención contra una magistrada al tiempo que denuncia una trama de corrupción inmobiliaria en el seno de los juzgados de Guadalajara’

Vender parcelas en un monte es una estafa. Si bien el suelo público dispone de un sistema para su posible privatización, un Ayuntamiento no puede privatizarlo por ser el monte un bien comunal. Luis Padrino Martínez lo ha hecho. Arrasó, deforestó y parceló un monte que está consorciado hasta 2068. Las actuaciones en el monte consorciado han sido conocidas y consentidas por las administraciones de Bono, Barreda, Cospedal y Page, acabando judicializadas en 2018, siendo llamativo que parte de los derechos de los Montes Consorciados ni siquiera están inventariados. Después levantó allí mismo varias urbanizaciones de adosados VPO y una inmensa plaza de toros que ocupa suelo rústico no urbanizable, cometiendo un delito medioambiental de consecuencias devastadoras y perjuicios incalculables. Uno de los estafados fue el periodista Alex Diges.

ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública” liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha formulado denuncia ante el juzgado de guardia, para prevenir la causa, contra tres magistradas de Guadalajara: Susana Fuertes Escribano, Noemi Mañueco Boto y Cristina Vicenta Guerra Pérez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el escrito de denuncia se ha pedido además orden de detención contra la primera de ellas.

Tras años de investigación, el periodista Alex Diges, que había comprado uno de esos adosados promocionados por el ayuntamiento de Almoguera, puso los tremendos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Asimismo denunció ante los juzgados de Guadalajara, insistiendo en la estafa que se estaba cometiendo unida a los graves delitos medioambientales que llevaba aparejados.

Como todo el mundo sabe, los montes son demanios públicos y por tanto no pueden ser traspasados a sociedades o personas (ni a fondos buitre). El mencionado y controvertido Luis Padrino, alcalde de Almoguera, parceló y vendió el monte consorciado GU-3149 adjudicando parcelas y VPOs (verdaderas carcasas sin cimientos) a dedo, graciosamente, a capricho suyo.

Plaza de toros de Almoguera construida sobre un monte consorciado de la Junta de Castilla La Mancha

Las licencias de obra y primera ocupación son ilegales al estar firmadas por una arquitecta “honorífica” que usurpó funciones de autoridad reservadas exclusivamente a los funcionarios de carrera. Los contratos hipotecarios fueron impuestos tal cual por la extinta Caja de Guadalajara siendo nulos por “vicio de consentimiento”, pues nunca dijeron a los compradores que se trataba de VPOs ilegales levantadas en monte público. El vendedor nunca mencionó los Derechos Reales previos existentes a favor de la Junta de Castilla La Mancha. Tampoco los han hecho figurar en el registro de la propiedad como es su obligación. Claro queda el fraude.

Tras pasar la entidad financiera pública alcarreña de mano en mano por motivo de su quiebra, la Caja de Guadalajara fue finalmente regalada a Caixabank junto con sus activos y la valiosa cartera de clientes. Esta turbia entidad “vendió” rápidamente las hipotecas titulizadas a fondos buitre afines, como Servihabitat, Building Center y Coral Homes.

Por otro lado, la entonces titular del juzgado de instrucción nº 1 de Guadalajara, Noemi Mañueco, en un exceso de chulería amenazó al periodista denunciante (“se le apercibe personalmente”, dijo) con acusarle de desobediencia si presentaba nuevos escritos en el juzgado. Tan cierto como increíble. La actual titular de ese juzgado, Cristina Vicenta Guerra Pérez, continúa en la misma línea y tampoco le permite personarse a pesar de ser víctima de la estafa.

Fachada de la sede de los juzgados de Guadalajara

Por su parte, la titular del juzgado de primera instancia nº 3, Susana Fuertes, cooperó con la organización de esa gran estafa inmobiliaria represaliando también a Diges. Para ello, dice ACODAP que “le quitó la propiedad, y luego sometió al periodista a un juicio amañado por precario como si se tratara de un okupa, pasando por alto que existía un contrato hipotecario, un asiento registral, una licencia de primera ocupación, y un certificado de empadronamiento en ese domicilio desde hace 17 años”.

El lanzamiento fraudulento se pretendería llevar a cabo el jueves 3 de diciembre, a pesar de que la esposa del periodista, que también está empadronada en el mismo domicilio, no ha sido parte en ese juicio amañado, ni por supuesto ha sido condenada a ningún desalojo.

“En tal supuesta sentencia mienten. Nunca asistí a la vista como afirma tendenciosamente la jueza de primera instancia del nº3. Tampoco autoricé a nadie para que en mi nombre dirigiera escrito alguno al juzgado. Han falseado el contenido, ni siquiera se menciona quien fue mi supuesto abogado, si es que lo hubo”, afirma indignado Alex Diges. “Es una enorme estafa procesal e inmobiliaria plagada de connivencias, embustes y prevaricaciones.”

La denuncia termina pidiendo que se requiera a los juzgados los respectivos expedientes, así como que se ordene la detención de la jueza Susana Fuertes Escribano al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Lecrim y cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 398 de la LOPJ. De la misma manera se solicita la suspensión de cualquier medida de ejecución de la sentencia “amañada” de desahucio, paralizando el lanzamiento que en su caso se hubiera acordado.

Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap

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