El Heraldo del Henares
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto de entrada y registro ordenando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y obtenga diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno.
El magistrado dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías (también protagonista de la corrupción de los ERE,s de Andalucía, y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado, según han informado fuentes del Poder Judicial en un comunicado.
El titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia considera asimismo que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
Para el magistrado, la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.
Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos e información que se detalla en los tres autos que han sido notificados a los representantes legales de los requeridos.
