El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha comparecido hoy para aclarar la situación urbanística relativa a la instalación de una gasolinera en las parcelas C1 y C2 de la SUE-30, un asunto que en los últimos días ha generado debate público.
Durante su intervención, Esteban ha recordado que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de esta unidad de ejecución fue aprobado en septiembre de 2018 y que en dicha ordenación urbanística “se prohíbe expresamente la instalación de este tipo de actividades”.
Sin embargo, ha explicado que la legislación estatal y su posterior interpretación por parte del Tribunal Supremo permiten la implantación de estaciones de servicio en este tipo de suelos de uso terciario-comercial, según han informado fuentes municipales en un comunicado.
En este sentido, ha señalado que “nuestra normativa no permite la instalación de gasolineras, pero una norma superior interpretada por el Tribunal Supremo en el año 2020 habilita a que las gasolineras estén en estos suelos”.
Según ha añadido, esta circunstancia sitúa al Ayuntamiento ante una obligación legal, ya que “las licencias son actos administrativos reglados, no cabe discrecionalidad alguna” y, cuando un proyecto cumple toda la normativa exigible, “no queda otra que concederla”.
El concejal ha manifestado que el expediente cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables necesarios para la concesión de la licencia y defendió que “el Ayuntamiento de Guadalajara lo que ha hecho es actuar conforme a la ley en todo momento”.

Asimismo, insistió en que “cualquier gobierno que hubiera habido en la ciudad de Guadalajara que hubiera tenido que pronunciarse sobre esta licencia hubiera hecho lo mismo, que es aprobarla y concederla en la Junta de Gobierno”.
Esteban pide la dimisión de Alberto Rojo y Lucía de Luz
Durante la comparecencia, Alfonso Esteban ha informado de que existe una cédula urbanística firmada el 5 de abril de 2023 por el entonces alcalde, Alberto Rojo, en la que se informaba favorablemente sobre la posibilidad de implantar una gasolinera en esta ubicación.
“Alberto Rojo firma la cédula urbanística que informa favorablemente la instalación de una gasolinera en la SUE-30”, ha dicho.
Por ello, ha reclamado la dimisión del exalcalde Alberto Rojo y de la portavoz socialista Lucía de Luz, “esta ciudad no se merece ya más mentiras, más difamaciones y más calumnias, dijo refiriéndose a las acusaciones desde el grupo socialista hacia la alcaldesa Ana Guarinos.
Según ha manifestado, “quienes hoy critican la ubicación de esta instalación ya habían informado favorablemente en esta cédula urbanística del 5 de abril de 2023 la instalación de una gasolinera y eran conocedores de esta circunstancia” y acusó a ambos responsables políticos de trasladar una versión que, a su juicio, no se corresponde con la realidad administrativa del expediente.

Esteban ha añadido que el expediente se ha tramitado con plena seguridad jurídica y ha reiterado que el Ayuntamiento no disponía de margen para adoptar una decisión diferente a la concesión de la licencia.
El responsable de Urbanismo ha informado además que la tramitación de la licencia de actividad de la gasolinera es anterior a la licencia de las viviendas proyectadas en el ámbito, aunque esta última se resolviera antes debido a la mayor complejidad administrativa que requiere una actividad de este tipo.
“La licencia de la gasolinera está solicitada antes que la licencia de las viviendas”, ha reiterado.
Esteban también ha apuntado el detalle de que la mercantil que solicitó información urbanística sobre la gasolinera es la misma que posteriormente solicitó la licencia para la construcción de viviendas en la zona, un dato que, según indicó, consta en la documentación administrativa obrante en los expedientes.
Respecto a las críticas formuladas en los últimos días, el concejal ha señalado que el equipo de Gobierno ha limitado su actuación al cumplimiento estricto de la legalidad.
“Aquí la Junta de Gobierno tiene que conceder una licencia porque cumple con todos los requisitos para ser concedida y es un acto reglado, por lo que adoptar una decisión contraria a los informes técnicos y jurídicos favorables habría supuesto actuar al margen de la normativa vigente», sería contrario a derecho.
Asimismo, ha recordado que los recursos planteados durante la tramitación fueron analizados por los servicios técnicos municipales y que, en el caso de las alegaciones relacionadas con la zona de policía del río Henares, fueron desestimadas tras un informe técnico municipal que concluía que las parcelas afectadas se encuentran fuera de dicho ámbito.
Finalmente, Alfonso Esteban ha reconocido que desde un punto de vista personal entiende la preocupación de quienes adquirieron viviendas en el entorno, aunque ha manifestado que las administraciones públicas están obligadas a actuar conforme al marco legal vigente.
“Aunque a mí me parezca que aquello no me gusta, la ley hay que cumplirla y la licencia había que concederla”, ha concluido.
El Heraldo del Henares