El Heraldo del Henares
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha presentará este jueves una Proposición de Ley de compensación a las víctimas del incendio de La Riba de Saelices (2005), con la que se pretende cerrar definitivamente este capítulo de la vida política y social castellanomanchega.
Para ello, el Gobierno de María Dolores Cospedal ha elegido la modalidad de Ley de caso único, una fórmula muy poco usual pero establecida para circunstancias únicas y excepcionales en el ordenamiento jurídico español.
Según la exposición de motivos de esta ley, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, la mayoría parlamentaria actual, del PP, es muy crítica con la actuación del Ejecutivo socialista, presidido entonces por José María Barreda. Le acusan de crear una comisión de investigación en las Cortes regionales «que no sirvió para saber la verdad de lo ocurrido en un incendio que propició una catástrofe humana y medioambiental cuya magnitud jamás se había dado en la región«.
A lo largo de cinco años, las familias de los 11 fallecidos en el incendio mantuvieron vivas las actuaciones judiciales contra una veintena de cargos políticos socialistas y técnicos de la Junta. Esto provocó que el Gobierno de Barreda negociara con dichas familias un documento en el que se pedía perdón por lo ocurrido y se pactaba una indemnización.
No obstante, algunas de las familias rechazaron este documento, por lo que el procedimiento judicial siguió adelante. Sin embargo, a instancias de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Guadalajara eximió de responsabilidad penal a todos los políticos y técnicos de la Junta, por lo que a juicio sólo llegaron procesados tres de los ocho excursionistas que habían participado en la barbacoa. Finalmente, en julio de 2010, la Audiencia condenó tan solo a uno de estos excursionistas.
A partir de ese momento, las familias quedaron liberadas para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial por el anormal funcionamiento de los servicios públicos regionales, con el resultado de 11 muertes.
El Gobierno de Cospedal les da la razón
Ahora, el Gobierno de Cospedal les da la razón con esta ley de caso único, porque aunque «la vía judicial decretó la no existencia de responsabilidades penales en los hechos analizados, lo cual no significa que carezca de relevancia tanto social como a nivel mediático, dado el número de fallecidos y la gravedad de los hechos», según el texto de la Proposición de ley.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta ley «para reconocer la labor de lucha admirable y honrar la memoria de quienes quedaron en situación de orfandad, viudedad y de los padres que vieron a sus hijos morir».
En este sentido, se aprobarán determinadas indemnizaciones, que irán desde los 42.701,5 euros hasta los 102.483,64 para los familiares de las víctimas, dependiendo de su relación de parentesco.
La propia presidenta de la Junta ha señalado: «estoy muy contenta y satisfecha por la proposición de Ley que presenta mi grupo parlamentario. Sinceramente, creo que hemos hecho justicia».
«Este hecho y la presentación de esta ley demuestran que este Gobierno quiere que se dé por fin un trato digno a las familias y se las reconozca, pese a la historia el olvido y el desprecio del anterior Ejecutivo […] Con la aprobación de esta proposición de ley de caso único se hace justicia con quienes dieron su vida por Castilla-La Mancha«, ha concluido.
Fuentes de la asociación de familiares de los fallecidos en este incendio, que integra a ocho de las once familias afectadas, han señalado a EL MUNDO que de momento no harán valoraciones hasta que la Proposición de ley esté aprobada.
El incendio de La Riba de Saelices, en Guadalajara (julio 2005), calcinó 13.000 hectáreas de pinares y monte bajo y provocó once muertes y un herido grave. A raíz de aquella tragedia, se aprobaron nuevas leyes entre las que destaca que desde entonces está prohibido hacer fuego en el bosque, ni siquiera en lugares en los que antiguamente estaba autorizado, como la barbacoa en la que se originó la tragedia de Guadalajara.
Tras una instrucción de cinco años por la juez de Sigüenza, que llegó a imputar a una treintena de personas, finalmente, la Audiencia Provincial de Guadalajara llevó a juicio tan solo a tres de los excursionistas que encendieron la barbacoa y solo uno de ellos resultó condenado. La sentencia se encuentra en casación en el Tribunal Supremo.
