jueves , 2 diciembre 2021
José Luis Vega Pérez. Imagen de Canal Guadalajara Media

La Diputación de Guadalajara pagó cerca de 600.000€ en indemnizaciones a 19 funcionarios que había pedido jubilarse anticipadamente y lo hizo en base a una norma aprobada posteriormente y con informes en contra tanto de la interventora como del Consejo Consultivo de CLM

En un momento de zozobra e inquietud que cientos de miles de trabajadores españoles sufren porque no saben cuántos años les quedan aún por cotizar ni, lo que es peor, en cuánto se le va a reducir la cuantía a la vista de la falta de liquidez del actual sistema de pensiones, la Diputación de Guadalajara, presidida por el socialista José Luis Vega Pérez, ha abonado cerca de 600.000€ a un total de 19 funcionarios que decidieron jubilarse de forma voluntaria antes de los 65 años. Y lo hizo, según informa ConfiLegal, amparándose en una norma que aún no estaba aprobada a la fecha de solicitud del retiro voluntario y con un informe en contra de la interventora de la institución y del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.

Ángela Ambite

Así, la diputada delegada de Empleo Público y Régimen Interno de la Diputación de Guadalajara del equipo de Gobierno de Vega Pérez, Ángela Ambite, autorizó, el pasado 8 de julio, el pago de 576.395,06 euros, en concepto de incentivos por jubilación anticipada de 19 funcionarios sobre la base de un informe del jefe de Personal que citaba una norma que no había sido ni aprobada ni publicada cuando lo elaboró.

Según ha informado el diario digital ConfiLegal, la diputada se basa en el informe «favorable», emitido el 9 de marzo de 2021 por Lorenzo Ranera, jefe del Área de Recursos Humanos. En el mismo, citaba el acuerdo del Pleno de la Diputación, celebrado el 21 de mayo siguiente –dos meses y once días después–, donde fue aprobado el Plan de Ordenación del Empleo Público, que supuestamente prestaba la cobertura legal para estos pagos.

La resolución, de cuatro folios autorizó y ordenó el pago mediante transferencia. Curiosamente, según ConfiLegal, las fechas de jubilación son previas a la aprobación del mencionado Plan. Es decir, los pagos se basan en un acuerdo inexistente en el momento en el que terminó el informe.

«No es un premio a favor de los empleados públicos»

Asimismo, de acuerdo con la documentación que obra en poder de EL HERALDO DEL HENARES, dos de los 19 agraciados se jubilaron en 2018, otros dos en 2019 y los 15 restantes en 2020. Pertenecían a los grupos A1, A2, C1, C2 y E. Las cantidades a percibir han ido desde los 53.526,86 euros la del funcionario que más indemnización cobró por jubilarse anticipadamente, pasando por los 33.314,45 o 23.230,83 euros, hasta los 1.806,19, la más baja.

El dictamen tuvo como origen en un informe previo de la Intervención de la Diputación de Guadalajara, en el que se mostraba contraria a estos pagos por jubilación anticipada: «Los incentivos a la jubilación voluntaria deben ser adoptadas dentro de un programa de racionalización y adecuación de los recursos humanos, en función de las necesidades de la Corporación, por razones de interés general, y no como un premio a favor de los empleados públicos», dejó por escrito la interventora de la institución provincial.

Fachada de la Diputación de Guadalajara

A raíz de esa disidencia, fue el Pleno de la Diputación el que, el 29 de septiembre de 2020, se dirigió al Consejo Consultivo pidiendo una aclaración.

«Cariz fraudulento» del pago con efectos retroactivos

Sin embargo, este consejo emitió el dictamen 28/2021, de 4 de febrero de 2021, en el que informaba de que «dichos planes o programas, por sus singulares características y naturaleza no podrían tener efectos retroactivos».

«A ello debe unirse el tangible cariz fraudulento que podría advertirse en el presente caso, en el que tan insólita anticipación de efectos resulta nítidamente asociable al propósito de esquivar los serios impedimentos legales que gravitan sobre la aplicación directa de las previsiones compensatorias del controvertido artículo 37.A), plasmados formalmente como reparo de fiscalización en el informe de la Intervención General de la Corporación Provincial de 8 de agosto de 2019″, detalló taxativamente el Consejo en contra de esta retroactividad de pagos, según el informe al que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES.

A pesar de todo ello, el equipo de Gobierno de Vega Pérez decidió efectuar el pago a los 19 funcionarios, que ha costado a las arcas de la institución provincial cerca de 600.000 euros.

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