El Heraldo del Henares
El IX ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla La Mancha’ elaborado por la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas, que acaba de ser presentado en Toledo y que mañana jueves se presentará en Guadalajara, desvela que uno de cada cinco habitantes de Castilla La Mancha sufre algún tipo de exclusión social, mientras que un 30% está en riesgo de pobreza.
Así, este informe describe un proceso de fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia estratos inferiores, según han informado fuentes de la Fundación en un comunicado.
El IX Informe Foessarevela que la desigualdad es el motor principal de la pobreza y la exclusión social en España y en Castilla-La Mancha.
A pesar del crecimiento económico, a nivel general, España mantiene una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa en los últimos seis años, desde 2018, mientras que a nivel más cercano, la región castellanomanchega ha logrado reducir algo su tasa de desigualdad en dicho periodo, si bien la persistencia de la misma se traduce en vulnerabilidad en ámbitos esenciales como la vivienda, el empleo, la salud y la protección social.
En Castilla-La Mancha se observa un retroceso de las situaciones más favorables, las de integración plena, y un aumento de la precariedad, por lo que en el actual contexto socioeconómico no logra recuperar los niveles de bienestar alcanzados en 2018, lo que evidencia un ensanchamiento del espacio de vulnerabilidad social.
Hoy, la exclusión social en Castilla-La Mancha afecta al 20% de la población, es decir, de que 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones en la región, por lo que la exclusión social ha aumentado y afecta a 428.000 personas.
En comparación con el año 2018, se aprecia que ha mejorado la dimensión del empleo, es decir, se reduce el número de personas afectadas en el ámbito laboral, y la dimensión del consumo se mantiene prácticamente estable, pero empeoran el resto de indicadores, como la educación, salud, conflicto y aislamiento social y, especialmente la dimensión política.
Pero por encima de todos ellos destaca uno, el problema del acceso a la vivienda, que se mantiene como un elemento clave que condiciona la vida en la región.
No fallan las personas, falla el sistema
La Fundación Foessa ha resumido todos estos datos en una idea: «no fallan las personas, falla el sistema”, o, lo que es lo mismo, «el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia».
La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión, pero chocan con barreras estructurales, pero se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados.
Avanzando en los problemas claves, hoy la exclusión social en Castilla-La Mancha funciona sobre dos motores principales que se retroalimentan: la vivienda y el empleo: la vivienda expulsa del territorio y de una vida digna, a la vez que el empleo ha perdido su capacidad para rescatarnos de esa expulsión.
Por ese motivo, desde Foessa han señalado que la vivienda en Castilla-La Mancha se ha convertido en el epicentro de la desigualdad: el 22% de la población castellano-manchega está afectado por algún rasgo de exclusión residencial.
Los precios –de compra y alquiler– crecen mucho más rápido que los ingresos. Entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23% en Castilla-La Mancha (+35% obra nueva; +21% segunda mano), una cifra muy lejana al incremento de los salarios.
La vivienda, ese derecho ‘fake’
En alquiler, la presión es doble: en Castilla-La Mancha el 47% de las personas que viven en régimen de alquiler a precios de mercado están en riesgo de pobreza (España 45%). Además, la cuota mediana del alquiler ha aumentado un 28% entre los años 2018 y 2023. Entre las capitales de provincia, el mayor incremento se registró en Toledo (29,4%) seguida de Guadalajara (28%).
Este incremento del coste de la vivienda se refleja en que 89.000 hogares destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que, una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa.
«Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Castilla-La Mancha, es, ahora más que nunca, un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar: para ello es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica no se traduce en integración social«, han añadido.
El empleo se recupera, pero el bolsillo no lo nota
Una buena noticia que arroja el Informe Foessa en Castilla-La Mancha es que se crea empleo y estabiliza parte del mercado, pero los salarios reales y la precariedad laboral matizan la mejora, es decir, se trabaja más sin que eso garantice alejarse del borde del precipicio a una parte de la población.
Entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en Castilla-La Mancha casi un 12% (11,7%) (España 12%); al mismo tiempo la temporalidad se ha reducido notablemente, y ambas tendencias han actuado como elementos integradores para una parte de la población.
Pero la letra pequeña cambia la fotografía general: los salarios han subido en nómina, sí, pero apenas han ganado poder de compra: entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció en un 14% en euros corrientes, pero se ha reducido en euros reales (-3,6%).
Además, la precariedad no desaparece: parcialidad involuntaria (7%) e inestabilidad laboral grave (4,7%) siguen marcando a una parte importante de quienes trabajan. Entre los hogares que ya estaban en peor posición, el avance se nota, pero no lo suficiente.
Aquí reside la gran paradoja castellano-manchega: la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social. El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social.
El 14% de los hogares de la región están afectados por problemas de exclusión en el empleo (inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria, desempleo).
Las políticas de inclusión en el ámbito laboral deben concentrarse en dos frentes: los desempleados y quienes ocupan puestos de baja calidad, son los grupos donde el desempleo y la mala calidad del empleo actúan con mayor intensidad generando carencias y exclusión, por lo que el esfuerzo público debe priorizarlos.
Pobreza crónica en Castilla La Mancha desde 2018
Este informe también detalla que en 2024 casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha (más de 570.000 personas), un porcentaje notablemente superior al 19% que presenta el conjunto del país.
Pero lo más preocupante es que las tasas de pobreza se mantienen de forma sistemática por encima del 25% entre 2018 y 2024, lo que nos habla de una situación de cronificación de la pobreza: a pesar de las mejoras económicas globales o de los esfuerzos personales 1 de cada 4 familias no logra salir de la situación de pobreza.
Se incrementa la pobreza energética
La fragilidad económica persiste y, en algunos frentes, empeora. En 2024, alrededor del 8% de la población castellano-manchega sufre carencia material y social severa (España: 8%), lo que se refleja en una fragilidad cotidiana que lleva a que casi 4 de cada 10 personas no puedan afrontar gastos imprevistos o que el 20% no puedan permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada (14% en 2018). El cuadro es claro: la pobreza se cronifica con fuertes impactos en las condiciones de vida.
En este contexto, el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades, y este es uno de los hallazgos más graves de este informe.
Por un lado, cuatro años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) amplía cobertura en Castilla-La Mancha, pues entre 2021 y 2024 el número de hogares beneficiarios se ha multiplicado por 2,3 en la Región (2,6 en el conjunto estatal). Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 51% de las personas en pobreza severa en Castilla-La Mancha (un número similar al del conjunto de España (50%).
La brecha no es solo administrativa, es informativa: el 64% de los hogares en pobreza severa no ha oído hablar del IMV. Es el clásico problema de non take-up: la prestación existe, pero no llega a quien la necesita.
El IMV no es, en todo caso, la única prestación de garantía de ingresos a las que se puede acceder en Castilla-La Mancha. El IMV es una prestación compatible con los programas de rentas mínimas autonómicos, con las que coexiste desde que se puso en marcha la prestación estatal, en 2020.
Sin embargo, el Ingreso Mínimo de Solidaridad está en vías de extinción. Esta prestación de garantía de ingresos autonómica actualmente se dirige solo a quienes tengan reconocida esta ayuda con anterioridad al 5 de enero de 2021. Los datos muestran que la cobertura de esta prestación se ha reducido claramente desde la entrada en vigor del IMV pasando del 0,53% en 2019 al 0,06% de personas titulares en 2023. Así, Castilla-La Mancha se sitúa entre las Comunidades Autónomas que han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas.
En conclusión, Castilla-La Mancha mejora sus indicadores de desigualdad, pero no los de pobreza, en parte debido a un sistema de garantía de ingresos con un gran potencial de mejora. La cobertura es baja y la información una barrera crítica. La prioridad es reactivar la renta mínima autonómica como complemento funcional del IMV: más inversión y cobertura en renta para cerrar huecos (acceso, tiempos de espera, contingencias), junto con políticas activas de información y acompañamiento. Es la vía más rápida y justa para consolidar los avances y reducir la privación material que aún golpea a demasiados hogares.
Más de 300.000 personas tienen dificultades para poder alimentarse o cuidar su salud
En Castilla-La Mancha, más de 300 mil personas tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, a los servicios y productos sanitarios que precisan o a la atención médica adecuada para problemas de salud crónicos o graves.
El empeoramiento en la dimensión de la salud viene determinado fundamentalmente por las dificultades económicas, que implican que:
– Las necesidades no cubiertas en odontología se han duplicado, afectando hoy al 23% de la población de Castilla-La Mancha.
– El número de hogares que ha pasado hambre con frecuencia en la última década o está pasando hambre ahora se ha multiplicado por 3,4.
Otro rasgo preocupante es la erosión de la equidad en el acceso. Según arroja el Informe FOESSA estamos transitando hacia un modelo de doble velocidad en el que el porcentaje de población que accede a seguros privados casi se ha duplicado en seis años. Así, estamos permitiendo que el acceso a la sanidad dependa de la cartera, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio.
El desgaste que presenta el informe Foessa tiene un claro impacto en el bienestar, y la relación con la integración influye en este sentido: la proporción de personas en situación de exclusión severa que valoran de forma negativa su salud mental son cinco veces más que en el caso de las personas en situación de integración plena.
A nivel de diagnósticos, el dato es rotundo: en Castilla-La Mancha, la prevalencia de trastornos de salud mental entre la población en exclusión severa es del 8,7%, frente a un 2,1% entre quienes se encuentran en integración plena.
Los rostros de la exclusión social en Castilla-La Mancha
La exclusión social en Castilla-La Mancha no se distribuye al azar: tiene rostros reconocibles que se repiten en el territorio y que combinan recursos materiales, procedencia, edad y estructura del hogar. Lejos de ser una suma de carencias individuales, la exclusión es el resultado de posiciones sociales que concentran desventajas y exponen a ciertos grupos a mayores barreras para participar plenamente de la vida económica, política y cotidiana.
Primero: origen y nacionalidad
El primer rostro está influido por el origen y la nacionalidad. Las personas de nacionalidad extranjera enfrentan tasas de exclusión social casi 3 veces superiores a las de nacionalidad española (46% frente a 16%) y las de origen extranjero 2,7 veces superiores a las nacidas en España.
Segundo:infancia y juventud
La infancia y la juventud configuran el segundo rostro y concentran una vulnerabilidad singular: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (36,5%) es casi cinco (4,8) veces superior a la de las personas de 65+ (7,6%).
La vulnerabilidad también afecta especialmente a la población joven. Una realidad que se explica por un mercado de trabajo que sigue penalizando el acceso al empleo: la tasa de paro entre los jóvenes menores de 30 años es del 24%, un porcentaje muy superior a la tasa general de la comunidad (13%).
Tercero: Composición del hogar
El tercer rostro está relacionado con la composición del hogar. La exclusión afecta al 39% de hogares en los que hay dos o más niños, niñas o adolescentes (<18 años), un porcentaje que ha aumentado en 14,4 puntos porcentuales desde 2018. Dificultades que atraviesan a las familias y que explican, en parte, por qué las familias tienen menos hijos de los que desearían.
Un modelo de sociedad que nos enferma y nos divide
El informe describe un modelo social agotado, que produce desigualdad, precariedad y fractura. Vivimos en una sociedad que desgasta tanto a las personas como al planeta: una estructura económica que consume recursos naturales y humanos más rápido de lo que puede regenerarlos. La exclusión refleja las fallas del modelo social, no de las personas que la padecen. Es el espejo de una sociedad que proclama derechos universales, pero restringe el acceso efectivo a ellos, según el informe Foessa.
Por este motivo, el informe propone un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.
Entre otras propuestas, el informe Foessa señala la puesta en marcha de políticas y medidas que no solo redistribuyan, sino que predistribuyan para frenar la desigualdad en su origen. Políticas que abordan de forma estructural: La vivienda, el empleo, la fiscalidad y la protección social.
Sobre Foessa y sus informes
La Fundación Foessa, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas Española para conocer de forma objetiva la situación social de España.
Fue pionera en la introducción de la investigación empírica a través de los Informes sobre la situación y el cambio social de España que señalan la importancia de conocer la situación de nuestro país a través del análisis de los procesos, las estructuras y las tendencias que marcan la evolución social.
Desde el año 1995 se enfoca en el desarrollo y la exclusión social en España y en las Comunidades Autónomas, según han informado en su propia web.
Por su parte, el IX Informe Foessa es el resultado del trabajo de casi 500 personas. Detrás de él hay un equipo solvente y comprometido con la realidad de quienes más sufren la exclusión: 180 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y entidades sociales, junto a más de 300 profesionales que realizaron las encuestas.
En el caso de Castilla-La Mancha, se ha entrevistado a una muestra representativa de hogares en todo el territorio, dedicando más de una hora en cada hogar a conocer de cerca sus condiciones de vida y sus dificultades cotidianas.
El informe Foessa en Castilla-La Mancha habla de pobreza, pero principalmente habla de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos. Es un concepto mucho más amplio que abarca numerosas realidades además de la pobreza económica. Es un fenómeno complejo que supone la acumulación de distintas dificultades y limita la integración de las personas en la comunidad.
“Analizamos dimensiones clave como el empleo, los ingresos, la vivienda, la salud, la participación, el aislamiento y el conflicto social para entender cómo y por qué se producen las situaciones de exclusión”, según explica el propio informe.
Enlace al IX informe FOESSA en Castilla-La Mancha
