El Heraldo del Henares
El Gobierno va a cambiar la legislación para poner límites a la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio. Cuando el menor de edad manifieste oposición a mantener cualquier tipo de contacto, régimen de visitas o convivencia con uno de sus progenitores, se deberán investigar las causas de dicho rechazo y garantizar que el contacto se da en condiciones seguras y de máximo bienestar para él. La nueva normativa prohíbe también el llamado síndrome de alienación parental (SAP: proceso en el que un progenitor manipula a su hijo para denigrar al otro progenitor).
Esta reciente reforma que está siendo impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, bajo el pretexto de blindar la seguridad de los menores, amenaza con dinamitar uno de los pilares más estables de nuestra legislación civil: la custodia compartida. Lo que se presenta como un avance en derechos infantiles es, en la práctica, un retroceso que devuelve a las familias a la era del conflicto judicial permanente y la discrecionalidad ideológica.
El punto más polémico de la nueva normativa de Rego será el de enterrar el SAP por decreto. Esa prohibición explícita de mencionar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) que pretende la ministra será muy polémica. Al tacharlo de «pseudociencia» mediante ley, el Ministerio no solo ignora la realidad clínica de miles de menores que son manipulados sistemáticamente para odiar a un progenitor, sino que priva a los jueces de una herramienta esencial para detectar abusos psicológicos. ¿Es protección prohibir que se investigue si un niño rechaza a su padre porque ha sido condicionado para ello?
La ministra, en su deseo obsesivo de querer tener razón, parece creer llevarla y por tanto pretende imponerla por BOE, pero la manipulación familiar existe y, a partir de ahora, será invisible ante la ley, dejando a los menores a merced del progenitor que mejor sepa instrumentalizarlos. La trampa radica en la coletilla de la «voluntad del menor». La reforma establece que, si un menor se opone al contacto con un progenitor, se debe priorizar su rechazo. Si bien escuchar al niño es vital, otorgar un poder de veto absoluto a un menor —muchas veces inmerso en una guerra emocional que no comprende—es una irresponsabilidad jurídica. Sira Rego ignora que, en casos de separación traumática, los hijos no siempre saben qué es lo mejor para su bienestar a largo plazo. Al blindar legalmente el rechazo del menor sin permitir el análisis de la alienación, el Gobierno está dando incentivos perversos para que el progenitor custodio alimente el conflicto, sabiendo que la justicia ya no podrá intervenir en la raíz del problema.
Prohibir y borrar por ley la mención o aplicación del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) bajo la premisa falsa de proteger a los menores no hace que el problema desaparezca. Cuando la ideología prima frente a la ciencia nada puede salir bien. El argumento principal para esta prohibición es que el SAP no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y aunque el término exacto no figure en los manuales diagnósticos, el fenómeno de la interferencia parental es una realidad clínica documentada. Negar que un adulto pueda instrumentalizar emocionalmente a un niño es ignorar décadas de psicología infantil. Al prohibir su mención, se deja a los jueces sin herramientas para identificar casos donde el rechazo del menor no nace de un trauma legítimo con el progenitor «rechazado», sino de una inducción maliciosa por parte del «custodio».
La reforma quiere responder a la demanda de casos como el de Juana Rivas, a la que la Justicia italiana siempre recogió en tres sentencias civiles lo que denominaron «inducción» y «manipulación». La nueva normativa establece que, si un menor se opone al contacto, se deben investigar las causas. Esto es positivo en teoría, pero peligroso en la práctica si se parte del dogma de que la manipulación es imposible. Si un sistema judicial tiene prohibido considerar la alienación, ante el rechazo de un niño, la tendencia automática será culpar al progenitor rechazado, asumiendo que «algo habrá hecho». Esto puede condenar a miles de niños a una pérdida irreversible del vínculo con uno de sus padres, basándose en una voluntad que, a veces, ha sido secuestrada emocionalmente.
Proteger a la infancia implica escuchar al niño, sí, pero también entender que su voz puede estar influenciada por el conflicto de lealtades. Al legislar contra un concepto clínico, el Gobierno corre el riesgo de desproteger a los menores frente a una de las formas de maltrato psicológico más sutiles: el borrado de un padre o una madre del mapa afectivo del hijo. La ley debería perseguir el abuso allá donde se produzca, sin prohibir palabras que ayudan a describir realidades incómodas.
La custodia compartida ha sido el mayor avance hacia la igualdad real en las últimas décadas. Sin embargo, esta reforma pone tantas trabas y condiciones —basadas a menudo en interpretaciones subjetivas de «bienestar emocional»— que la custodia compartida pasará de ser la norma a ser la excepción. Se legisla desde el prejuicio, asumiendo que la convivencia con ambos padres es un riesgo potencial en lugar de un derecho fundamental del niño. Al final del día, la pregunta es clara: ¿Estamos protegiendo a los niños o estamos dándole herramientas al sistema para que decida, bajo criterios ideológicos, qué familias merecen seguir siéndolo?
La ministra Rego ha elegido lo segundo, y el precio de su decisión lo pagará la salud mental de toda una generación de hijos de padres separados. El proyecto debe aún ser aprobado por las Cortes; su trámite va a ser muy complejo. Esperemos que reine la cordura y sobre todo la ciencia.
Antonio de Miguel Antón, miembro de la asociación Democrática Ciudadana, ADC
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