El Heraldo del Henares
La Comunidad de Madrid, CAM, ha ordenado el derribo las 13 edificaciones construidas en suelo protegido de la Vega del Tajuña en el último año a fin de ‘conservar este entorno natural, las dos últimas en el término municipal de Chinchón.
La intervención se ha llevado a cabo en un espacio de elevado valor agrícola, históricamente destinado a cultivos de regadío, que en los últimos años viene sufriendo un progresivo deterioro derivado del abandono de la actividad agraria y de la aparición de construcciones residenciales dispersas, incompatibles con la normativa vigente.
Los inmuebles se encontraban en una parcela clasificada como suelo no urbanizable protegido, que además, estaba afectada por contaminación procedente de vertidos a cauces públicos, donde la legislación prohíbe expresamente tanto la edificación como la parcelación urbanística, según han informado fuentes de la CAM en un comunicado.
Paralelamente, la Dirección General de Urbanismo ha detectado en la misma zona una división ilegal del terreno en 25 subparcelas independientes, carentes de cualquier título habilitante.
También se han identificado movimientos de tierra, pozos de agua y anuncios de venta, lo que evidencia un proceso activo de comercialización y transformación de la superficie.
De consolidarse, supondría la creación de una urbanización residencial ilegal en suelo no urbanizable, protegido por su alta productividad agrícola, una situación incompatible con la legislación vigente.
Ante estos hechos, ya se ha iniciado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento sancionador, tras haber practicado las primeras notificaciones.
En el operativo han intervenido técnicos de la subdirección general de Inspección y Disciplina Urbanística, junto con unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Morata de Tajuña y Chinchón, así como la Policía Local del municipio, a fin de garantizar el correcto desarrollo de la actuación y la seguridad de todos los intervinientes.
13 derribos en menos de un año
A través del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística del Ejecutivo autonómico, se han llevado a cabo 13 derribos en menos de un año, tres de ellos, mediante ejecución subsidiaria, por parte de la Administración regional, y 10 de manera voluntaria.
Además, se han realizado 173 inspecciones, incoado 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores, tramitado 83 requerimientos de información, 308 diligencias previas y 14 expedientes de ejecuciones subsidiarias.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior advierte de que estas construcciones ilegales comprometen gravemente la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan situaciones de inseguridad jurídica para los ciudadanos.
