sábado , 27 noviembre 2021

Alternativa Sindical comparece como perjudicado en el proceso que investiga a dos consejeras de la Ciudad Autónoma de Melilla un presunto delito de prevaricación por contratar de forma irregular la seguridad privada de los edificios oficiales

El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, comparecerá ante el juzgado de Instrucción número 2 de Melilla en calidad de Perjudicado’ el próximo jueves 18 de noviembre, en el procedimiento seguido por un presunto delito de Prevaricación contra Dunia Almansouri, consejera de Hacienda, y Gloria Rojas, vicepresidenta primera del Gobierno local y consejera de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado, estas dos consejeras del Gobierno melillense se encuentran investigadas (imputadas) por la denuncia que interpuso contra ellas el PP de Melilla por la gestión del contrato de seguridad de las dependencias oficiales de la Ciudad Autónoma.

Tras dicha denuncia, Alternativa Sindical denunció ante la Unidad Central de Seguridad Privada dependiente de la Policía Nacional que la empresa adjudicataria de este servicio, Sureste Seguridad SL, ‘habría conseguido el contrato a pesar de no disponer de los permisos de carácter municipal y licencia de actividad obligatorios para ello’ desde 2019.

De hecho, el propio Gobierno autónomo melillense, por orden del consejero de Infraestructuras y Transportes, Rachid Bussian, había decretado el 30 de junio de 2021 la clausura de la única delegación que la mercantil tiene registrada en la ciudad.

“Pese a ello”, según consta en el texto de la denuncia presentada a la que ha tenido acceso este diario, “la empresa Sureste Seguridad no habría comunicado a la Unidad Central de Seguridad el cierre o clausura de la Delegación”.

Alternativa Sindical ha añadido que “a pesar de todo ello, Sureste Seguridad aportó presuntamente un certificado emitido por la Unidad de Seguridad Privada , donde comunica que la citada Mercantil cuenta con delegación en Melilla, a sabiendas de que sobre el domicilio que aporta  pesa orden de clausura desde junio de 2021”.

Es decir, según este sindicato, esta empresa había omitido a la Unidad Central de Seguridad privada la clausura de su delegación en Melilla a fin de poder ser adjudicataria del concurso convocado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma sin poder hacerlo por esa causa”.

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