El Heraldo del Henares
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado hoy en un comunicado que continúa avanzando en el desarrollo del Proyecto de Singular Interés (PSI) del Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, tal como le ordenó el TSJCLM en un auto de 16 de enero de 2016.
En este caso, ha informado de la licitación del contrato para la redacción del informe previo de ensayos, el proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación y adaptación para usos administrativos de las naves E y F del edificio E-6, situadas junto al Espacio TYCE.
El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 191.099,08 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas dispondrán de 45 días para presentar sus ofertas, hasta el 2 de octubre, según han señalado estas fuentes.
La delegada de la Junta en Guadalajara y autoridad designada por el Gobierno regional para informar al TSJCLM del cumplimiento de estos trabajos de restauración, Rosa María García, ha manifestado que la licitación permitirá redactar los proyectos necesarios para rehabilitar las naves E y F conforme a los usos previstos en el Acuerdo Complementario del PSI, destinándolas a servicios de carácter administrativo.
García ha añadido que esta actuación se suma a otras ya impulsadas por el Ejecutivo autonómico dentro del recinto, como la rehabilitación de la Nave de Forja para su conversión en biblioteca municipal o las actuaciones de emergencia desarrolladas recientemente para garantizar la seguridad del conjunto
El contrato contempla la elaboración del informe previo de ensayos, la redacción del proyecto básico y del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud durante las obras, con un plazo global de ejecución de 20 meses.
El objetivo es rehabilitar las naves E y F, manteniendo su fisonomía e integración en el conjunto del Fuerte de san Francisco para destinarlas a usos administrativos, conforme a las determinaciones del Proyecto de Singular Interés.
Nuevos pasos para cumplir los mandatos judiciales
Con la licitación presentada hoy, la Junta de Castilla La Mancha sigue dando pasos para cumplir los diferentes mandatos judiciales que durante una década la obligaban a rehabilitar el Fuerte de san Francisco y que fueron incumplidos uno tras otro.
Sin embargo, el 16 de enero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, TSJCLM, dictó un durísimo auto en el que le reprochaba su intento de incumplir la ejecución de la sentencia firme de 2017 que le obligaba a “concluir la actuación urbanística emprendida en su condición de promotor conforme al Acuerdo complementario suscrito el 22-12-2010” en el marco del Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” de Guadalajara.
Y es que, con carácter previo, el ejecutivo de García Page había rechazado uno tras otro los requerimientos del Ayuntamiento de Guadalajara para cumplir dicha sentencia y había solicitado al TSJCLM que declarara la prescripción de dicha obligación y en caso subsidiario, que dicha ejecución no había podido llevarse a cabo por la ‘evolución de las necesidades urbanísticas’.
Por ese motivo, tras las oportunas acciones judiciales instadas por el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara, durante los mandatos de Antonio Román y Ana Guarinos, así como por el entonces portavoz del grupo municipal de Aike, Jorge Riendas, el pasado 16 de enero se puso fin de forma tajante a todos los intentos de la Junta para esquivar su obligación de cumplir las resoluciones judiciales.
Así, ese día, en un auto dictado por la sección 1ª de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal, y al que ha tuvo acceso EL HERALDO DEL HENARES, se rechazaron todas las excusas y alegaciones de García Page y se le impusieron límites temporales muy breves para que cumpliera la sentencia que le obligó hace 9 años a restaurar el complejo del Fuerte de san Francisco (ver auto completo en este enlace).
‘En el presente caso, es un hecho notorio y no desvirtuado que, más de siete años después de la firmeza de la sentencia, la JCCM no ha dado cumplimiento a las obligaciones de hacer impuestas en el fallo. No se han ejecutado las demoliciones, no se ha procedido al desalojo de los ocupantes y, salvo la licitación de dos proyectos que además han quedado paralizados, no se ha avanzado en la rehabilitación del resto de inmuebles’, decía el auto del TSJCLM.
Además, añadía el tribunal, ‘la alegación genérica de una «evolución de las necesidades urbanísticas» no puede servir de excusa para eludir una obligación declarada por sentencia firme, máxime cuando, como bien señala el ejecutante (el Ayuntamiento de Guadalajara), la competencia para cualquier modificación de planeamiento recaía en la propia JCCM. La inactividad de la Administración condenada ha provocado un grave deterioro de los inmuebles, como se acredita en el informe técnico aportado, y constituye un claro incumplimiento del fallo judicial que debe ser corregido por esta Sala‘.
Por ese motivo, el alto tribunal regional concedía los siguientes plazos para iniciar los siguientes trabajos o actividades tendentes a dicha ejecución, según transcribe literalmente la resolución:
-Un mes para que inicie la licitación de la ejecución de las obras de los proyectos de rehabilitación de las naves de cerrajería (escuelas municipales) y de la “Nave de Forja” (Biblioteca Municipal).
–Un mes para que inicie los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles sitos en plaza Bejanque 9 FT (parcela E-9 del PSI).
-Un mes para iniciar la licitación de la ejecución de las demoliciones de inmuebles incompatibles con el planeamiento.
–Cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de inmuebles con los usos establecidos en el Anexo del Acuerdo complementario de 22 de diciembre de 2010, fase en la que se encuentra ahora.
-Seis meses para realizar las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias recogidas en los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) desfavorables.
Además de estos plazos, el TSJCLM requiería a la consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para que, en el plazo de 10 días ‘identifique ante esta Sala a la autoridad o funcionario concreto responsable de impulsar y llevar a término las actuaciones ordenadas en el presente auto’, nombramiento que recayó en la propia delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.
Finalmente, el auto advertía al Gobierno de García Page que ‘la autoridad o funcionario que resulte responsable, que el incumplimiento de lo ordenado en el presente auto podrá dar lugar a la imposición de las medidas previstas en el Artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, incluyendo la imposición de multas coercitivas y la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder‘.
