El Heraldo del Henares
(“Lo que los jefes de partido dan hoy como pago de servicios leales son cargos de todo género en partidos, periódicos, hermandades, cajas del Seguro Social, y organismos municipales y estatales. Toda lucha entre partidos persigue no solo un fin objetivo, sino también y ante todo el control sobre la distribución de los cargos… Hasta hace pocos años, en España se alternaban los dos grandes partidos mediante “elecciones” fabricadas por el poder siguiendo un turno fijo convencionalmente establecido para proveer con cargos a sus respectivos seguidores…”. Max Weber. “El político y el científico”. 1919).
Traigo a colación estas líneas del siempre actual discurso del filósofo, jurista y sociólogo alemán, Max Weber, para ilustrar que el tiempo parece no haber pasado en esta piel de toro que conocemos por España, una España que vive los mismos convulsos movimientos cíclicamente cada determinado ciclo de años. Y ahora es uno de ellos.
Pero si la situación del país es bastante complicada, la de la Castilla La Mancha supera en datos negativos a la media nacional. Por ello, la actual presidenta del gobierno regional, María Dolores Cospedal, ha elaborado y presentado un plan para darle la vuelta a la situación.
La presidenta de la Junta de Castilla La Mancha, Dolores Cospedal
Mi opinión personal es que no es el plan adecuado ni el que la región necesita en estos momentos. Pero antes de argumentar mi desacuerdo con el mal llamado Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos elaborado por Cospedal, tengo que advertir de mi rechazo absoluto y sin condiciones a todos los argumentos hasta ahora esgrimidos por los verdaderos responsables de la ruina económica de Castilla La Mancha: Barreda y los suyos.
Vergüenza me dan las declaraciones de Barreda, Caballero, Tierraseca o Pérez León, por poner solo algunos de los ejemplos más palmarios de insensatez política y mediocridad intelectual, cuando tratan de explicar su rechazo a este plan. Vamos a ver, yo no soy responsable del despilfarro cuasi delictivo de los fondos públicos castellano manchegos y puedo hablar. Ellos sí son los responsables y todo lo que digan puede y debe ser utilizado en su contra. Si tuvieran vergüenza, que uno ya duda de que esta palabra sea conocida por buena parte de la clase política española, lo primero que deberían hacer es dimitir de todos sus cargos, retirarse a desempeñar sus oficios públicos o privados, si es que los tienen, callarse y rezar para que los ciudadanos no se organicen en acusación popular para llevarlos ante los tribunales.
Dicho lo anterior, vamos a tratar de explicar por qué estamos en contra del segundo mayor ataque a los derechos sociales de los castellano manchegos perpetrado tras el decretazo de recorte de sueldos y pensiones de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010.
En primer lugar, hay que desmontar la teoría de que esto es una crisis internacional provocada por la voracidad de los mercados y de los especuladores. No he visto una falacia tan mal montada y tan paupérrima de argumentos y que tanto haya calado en la mente de millones de personas de todo el mundo.
Ahora resulta que el capitalismo, los mercados, la libre competencia, el liberalismo… en resumidas cuentas, el sistema de vida desarrollado y libre que ha traído la democracia y el progreso a Occidente es malo y perverso de golpe. Claro, no hay más que mirar a la vieja Unión Soviética, a la China de Mao, a la Cuba de Castro, a la Corea de Kim Jong Il… para comprobar la calidad de vida que rezuman los países comunistas, la libertad de la que gozan sus ciudadanos y la alegría de vivir que tienen sus pueblos…
El sistema capitalista y de libre mercado es el único que garantiza la libertad y la democracia. El único. Decir lo contrario, además de mentir es una grave irresponsabilidad y una falta de respeto a los más de cien millones de muertos provocados por el comunismo en el siglo XX en todo el mundo.
Pero el sistema capitalista tiene sus propias reglas de juego: ganan los mejores, progresan los mejores. Y gracias a eso, la gran mayoría se beneficia de ello. Cuando un empresario funda una empresa como la Coca Cola, o la Mercedes, o vaya usted a saber cuál otra, cientos, miles de personas se benefician directa e indirectamente, porque encuentran trabajo y pueden decidir qué hacer con sus vidas.
En los países capitalistas, se pagan impuestos para sostener una estructura básica de servicios, como la Sanidad, la Educación, la policía, el ejército, la Justicia, las carreteras, etc. El problema viene cuando políticos irresponsables gastan más dinero del que ingresan en caja para empezar a derrocharlo a manos llenas en políticas de un supuesto “bienestar social” que no es otra cosa que compra de votos cautivos a cambio de favores.
La corrupción del sistema favorece que personajes como la expresidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León se gasten 300.000 euros en “redecorar” un despacho de unos pocos metros cuadrados; o que el exvicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, gastara del dinero de todos 9.000 euros para poner una televisión de lujo en su despacho; o que en las obras del futuro hospital de Toledo se gastase el gobierno de Barreda dos millones de euros en una caseta de obra (¿no hay nadie imputado por este hecho todavía…?); o que los medios de comunicación públicos regionales, competencia desleal de todos los medios privados, cuesten 100 millones de euros al año; o que el Ayuntamiento socialista de Azuqueca se gastara hace años 60 millones de pesetas en remodelar 400 metros cuadrados de un local para convertirlo en centro de atención temprana; o que ayuntamientos como el de Guadalajara o Azuqueca, o las diputaciones provinciales tengan liberado hasta el tato a precios de no menos de 40.000/50.000 euros la pieza; o que con la excusa de la cooperación internacional se esté financiando a profesionales de vivir del cuento con subvenciones millonarias; o que se financie a partidos políticos y sindicatos con partidas estratosféricas para mantener estructuras burocráticas elefantiásicas con las que ejercer una administración paralela…
Con políticos tan mediocres y voraces como estos y tantos otros más (en Valencia y Murcia, regiones gobernadas por el PP, se dan todos estos casos y más, no vayan a pensar que solo despilfarran los portadores del carné del PSOE), decíamos, que con políticos tan voraces llega un momento en que se acaba el dinero público. Y claro, hay que seguir sosteniendo el tinglado montado, no vaya a ser que se pierdan las elecciones al dejar de comprar voluntades y conciencias con subvenciones y regalías de todo tipo.
Entonces se recurre al préstamo de dinero y se justifica que dicho préstamo es para inversiones públicas y para mantener los servicios básicos esenciales. ¡Qué casualidad, nunca dicen que ese préstamo es para mantener el sueldo de los liberados, subvenciones a los partidos o sindicatos o compra cautiva de votos! ¡Nunca! Debe ser que los impuestos son para pagar sus nóminas lo primero, y después, si hace falta dinero, pedimos dinero prestado a los bancos y a los “especuladores” internacionales.
Pues bien, llega un momento en que el país o la región, o el Ayuntamiento, se ha endeudado tanto que los prestamistas no se fían. Es como si un padre de familia con un sueldo de 2.000 euros se mete en un chaletazo con hipoteca de 1.200 euros al mes, un todoterreno de 500 euros más al mes, unas vacaciones por todo lo alto en verano de otros 150 euros más al mes… Y claro, al final el banco le dice que no le da un duro más, salvo que rehipoteque la casa a treinta años más y a un tipo de interés mayor. Y en vez de vender la casa, comprarse un pisito de hipoteca a 450 euros mes y utilitario de 250 euros mes, el padre de familia acepta las condiciones del banco (el prestamista) y sigue endeudado y engordando la cuenta de intereses del banco. Al final, perderá su casa y el coche.
¿Quién tiene la culpa, el banco? No. Pues lo mismo con las administraciones públicas. Han pedido prestado tanto dinero para sufragar tantísimos gastos inútiles, que ha llegado un momento en el que los prestamistas les han dicho que no se fían de su capacidad para devolver el dinero, y que si quieren más dinero, tendrán que pagar más por él. Esos son, según la versión oficial, los “buitres”, los “especuladores”, los indeseables mercados que arruinan nuestro bienestar social. Falso. El mal llamado bienestar social lo han desmantelado una serie de políticos tan mediocres como incapaces, que han puesto en quiebra el sistema capitalista por su ignorancia y su avidez de dinero rápido y líquido para cumplir con promesas políticas irrealizables e improductivas que han arruinado a sus países. ¿Alguien se acuerda ahora de los 15.000 millones de euros que ese político mediocre e incapaz que se aupó a la Moncloa en 2004 se gastó en rotondas y fuentes ornamentales por toda España y que no crearon un solo puesto de trabajo? No. Nadie se acuerda. Pues esos 15.000 millones tirados a la basura, sí, a la basura, son más del doble de lo que supuso recortar el sueldo de los trabajadores públicos, la mayoría abnegados mileuristas, y la congelación de ocho millones de pensiones, la mayoría de cuantía miserable. ¿Nadie se acuerda ahora de eso? Pues ese político no ha sido llevado ante los tribunales, al contrario, se quedará en el Consejo de Estado con 100.000 euros al año.
Una vez aclarado que los mercados no tienen la culpa de lo que le pasa a millones de españoles, sino que la culpa la tienen los políticos tan nefandos e incompetentes que sus pueblos han elegido, vamos a explicar por qué tampoco estoy de acuerdo con Cospedal y su salvaje plan de recortes, mal llamado, repetimos, Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos.
En primer lugar, este Plan vuelve a poner en el punto de mira a los empleados públicos ante los ciudadanos, haciéndoles responsables de la situación. La ecuación es sencilla, los empleados públicos ganan mucho y curran poco, por lo tanto, los ponemos a trabajar más y a cobrar menos.
Así, piensan en el gabinete de Cospedal (por órdenes de Rajoy, que hará lo mismo el 23 de diciembre, pero a nivel estatal) matamos dos pájaros de un tiro: por un lado saciamos la sed de venganza de los más ignorantes, que ven a los funcionarios como unos vagos y unos parásitos, sin darse cuenta de que son los profesores que educan a sus hijos; o los médicos que les atienden en urgencias de un hospital cuando llegan infartados; o los bomberos que les salvan la vida entre las llamas… entre otros muchos profesionales que sostienen el peso de la administración pública con mucha más fe y abnegación que sus jefes políticos, la mayoría de las veces mediocres e incompetentes pero con nóminas blindadas muchísimo más altas que las de los funcionarios.
Y por otro lado, nos ahorramos 100 millones de euros, así no tenemos que cerrar la televisión regional, que tantas alegrías nos va a dar a partir de ahora que somos los jefes, chachi piruli. Y en vez de cerrar esta tele horrenda e inservible, mejor meterle mano por segundo año consecutivo a los funcionarios, primero Zapatero con el 7 por ciento y ahora el PP con el 3 por ciento. Total, un 10 por ciento, más la congelación salarial añadida de dos años, más el IPC de esos dos años, en resumidas cuentas, que los empleados públicos cobran un 20 por ciento menos en dos años. ¿Qué pasará en 2013 si no se arregla la economía, volvemos a recortar una y otra vez en las nóminas públicas…?
El resultado es que habrá 100 millones menos de euros en la calle, habrá menos consumo, más recesión, más empresas cerradas, más paro, más desahucios y, por qué no, un estallido social, ahora que el PSOE no está en el poder y puede dedicarse a lo que mejor sabe, crispar la calle, como ya ha anunciado el portavoz regional José Manuel Caballero. Eso sí, nos dicen que los altos cargos renuncian a la paga de Navidad, fíjate, qué generosidad la suya después de que se les subiera el sueldo un 40 por ciento hace tres años y que los jefes de Gabinete y directores generales vieran sus nóminas incrementadas este año entre 7.000 y 15.000 euros.
¿Por qué no empieza Cospedal llamando al PSOE (e invitan a UPyD e IU) para negociar un nuevo plan de retribuciones políticas como el que se aprobó en 1999 a nivel regional entre ambos partidos? Recordemos que en virtud de ese plan se establecían las retribuciones de alcaldes y concejales de los municipios de la región en virtud del número de habitantes y que es el que ha provocado sueldos tan escandalosamente altos para alcaldes y concejales de pueblos como Marchamalo o Villanueva de la Torre, de 48.000 euros más seguros sociales.
Pero claro, el nuevo plan debería ser para bajar esos escandalosos sueldos y número de liberados. ¿Y por qué no se suprimen las diputaciones provinciales y por qué no se crean mancomunidades de ayuntamientos para dar servicios con menos personal político…? Eso no, eso no lo tocamos, que si no (recordemos a Max Weber) sus afiliados se tienen que poner a buscar empleo, mejor tocamos el sueldo de los funcionarios de oposición, que esos no se quejan, si fueron sufridores y disciplinados para aprobar una oposición, sabrán sufrir en silencio recorte tras recorte.
Por otro lado, tenemos la privatización de los hospitales públicos. Acabáramos pues. En EL HERALDO DEL HENARES, cuando se nombró la última directora gerente del hospital de Guadalajara, titulamos la noticia diciendo que “llegaba una economista de la salud”. Efectivamente, no se buscaba una profesional de la salud, sino una profesional de las cuentas sanitarias. Y eso es lo que se va a buscar a partir de ahora en la sanidad y la Educación, la cuenta de resultados. Acabaremos como en EEUU, con un sistema público que solo atiende a quien paga su seguro médico y una red de beneficencia para el resto. O como en Venezuela, donde tienes que llevar tú mismo el gelocatil y las gasas para que te atiendan.
También se ha anunciado la supresión total y definitiva de la reposición de plazas de jubilaciones y fallecimientos de empleados públicos, la suspensión de cualquier tipo de obra o inversión pública que no sea imprescindible y vital, la revisión total de las ayudas por dependencia, la supresión de la gratuidad de los libros de texto, la “no necesidad” de las ayudas directas a las familias numerosas (es decir, la eliminación de las actuales, de hecho, ni se toman la molestia de renovar los títulos que están caducando con la excusa de que están cambiando el diseño de las tarjetas nuevas)…
Recortar es lo más fácil del mundo. Para eso no necesitamos que se celebren unas elecciones (con lo que cuestan) y que se elija un gobierno con cientos de altos cargos, cientos de jefes de gabinetes y periodistas, auxiliares, chóferes y demás personal asociado. Para recortar hacemos como en Italia, sin gastarnos un duro en elecciones, nombramos a dedo a un economista ultraliberal pero millonario que meta la tijera para los demás y se limite a hacer cuentas, pero sin tomar decisiones políticas. En Castilla La Mancha nos ahorraríamos así cientos de millones de euros y no haría falta esquilmar de nuevo a los empleados públicos; también, los farmacéuticos cobrarían mes a mes el dinero que han adelantado con rehipotecas de sus propios bolsillos y no tendríamos que pagar toda la cohorte de políticos que vamos a tener que pagar y que no van a gobernar, sino que se van a limitar a recortar de todos los sitios menos de sus privilegios y que van a esperar a que esto cambie para empezar a invertir dinero en los ciudadanos.
Así, como nos anuncian, la crisis durará años. Claro. No se creará empleo, ni inversión, ni riqueza, pues no habrá un duro para gastar y quien lo tenga lo ahorrará no siendo que le suban los impuestos en veinte mil chuminadas más que se les ocurra a cualquier tonto de baba que llegue a cargos de responsabilidad, como en Cataluña en los últimos años.
¿Por qué no hay una ley nacional que decrete el cierre de todas las televisiones autonómicas, embajadas regionales en el extranjero, oficinas de expresidentes autonómicos con derecho a chófer y secretaria, las pensiones doradas de jubilación de los exdiputados y expresidentes, que unifique en agrupaciones supramunicipales cientos, miles de ayuntamientos que duplican sus competencias y sus gastos para un número irrisorio de vecinos, que ponga límite a los sueldos de los políticos, sus prebendas, visas oficiales, teléfonos móviles, nombramientos de enchufados a dedo…? ¿Por qué no hay un artículo en el Código Penal que permita juzgar a políticos como Zapatero, Barreda o Pérez León, por dejar las arcas de sus instituciones en quiebra? Y quien dice estos dice también Ramón Luis Valcárcel, presidente del PP de Murcia, o Francisco Camps, expresidente de Valencia, y tantos y tantos otros, como Montilla en Cataluña o Gallardón en Madrid?
Los ciudadanos deben saber que todos estos que nombramos, y muchos más, son los responsables directos de la situación que ha llevado a que hoy se tengan que tomar durísimas medidas de ajuste que “son muy dolorosas”, según Porfirio Herrero, pero que ni a él ni a los responsables del desaguisado les van a causar la más mínima molestia, porque son la elite política, viven instalados por encima del bien y del mal y los ciudadanos para ellos no son otra cosa que simples contribuyentes de los que extraer el dinero con el que seguir manteniendo su altísimo nivel de vida, cueste lo que cueste y a quien le cueste.
Decía Cospedal cuando anunció, sin previo aviso y tras las elecciones del 20 de noviembre, este plan de recortes, que “el sudor de hoy evitará las lágrimas de mañana”. Algún jefe de gabinete le debió parafrasear al oído a la presidenta regional aquella histórica frase de Winston Churchill a su pueblo en plena guerra contra Hitler que decía “sangre, sudor y lágrimas” y a esta le gustó tanto que la utilizó a su manera. Pero claro, aquello era una guerra con millones de muertos provocada por un repugnante asesino genocida, y lo que estamos viviendo en Castilla La Mancha es una quiebra de fondos públicos provocada por unos señores que en vez de estar en la cárcel siguen de diputados y senadores.
Obviamente, las metáforas literarias de Cospedal no son comparables a las del estadista británico. Por ello, póngase a buscar la fórmula para gobernar y devolver a esta región la dignidad que unos cuatreros con carné del puño y la rosa le quitaron y no haga lo más fácil, que es recortar de todas las partidas que afectan a los ciudadanos y ninguna a la clase política.
Y es que, los ciudadanos nunca entenderán que mientras ellos siguen pagando los excesos de otros, esos otros se acomoden en escaños bien remunerados en vez de rendir cuentas ante los tribunales.
Ahora se necesita imaginación para conjugar crecimiento con austeridad sin llegar a los recortes de derechos sociales tan bestiales que se nos ofrecen como imprescindibles y que sufrirán los de siempre. Estoy seguro de que en la amplia y bien pagada nómina de altos cargos de la Junta habrá más de uno que pueda aportar ideas más originales que la simple tijera.
