viernes , 13 diciembre 2024
Oficinas centrales del Sescam en Toledo

La Junta y los sindicatos pactan una oferta de empleo público para este año de 5.840 plazas, casi 4.000 de ellas para el Sescam y 670 para Educación

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales mayoritarias de la Función Pública han aprobado hoy, en la reunión de la Mesa General de Negociación del Personal empleado público, la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) para 2024 del personal funcionario y laboral de la Administración General, del personal docente no universitario de la Administración de la Junta de Comunidades y personal estatutario del SESCAM, que asciende a un total de 5.840 plazas.

La propuesta de la Oferta de Empleo Público para Administración General, Educación y SESCAM ha salido adelante con los votos a favor de CSIF, CCOO, FSES y UGT, y ninguno en contra, en la mencionada reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, según han informado fuentes de la Junta en un comunicado.

Tras el proceso de negociación colectiva que se ha llevado a cabo, la OEP queda distribuida de la siguiente manera: 1.260 plazas en Administración General, de las cuales 596 son para el personal funcionario y 394, para personal laboral; 673 plazas en Educación y 3.907 del SESCAM.

Del total de plazas, 5.262 serán de turno libre (990 en Administración General, 639 en Educación y 3.633 en SESCAM), 425 de promoción interna y 153 de promoción interna directa en el puesto.

En la presente oferta se reserva un cupo no inferior al 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, de las que el 2 por ciento de dichas plazas serán cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el 5 por ciento restante para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2024 en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico.

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