El Heraldo del Henares
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como supuesto autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal a la pena de 12 meses de multa a razón de 20 euros al día e inhabilitación para ejercer dicho cargo durante dos años.
Además, en un comunicado remitido por el Poder Judicial a los medios de comunicación, el Supremo ha condeando en costas a García Ortiz y a que indemnice al querellante, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por daños morales.
La sentencia completa, que se dará a conocer en los próximos días, cuenta con cinco votos a favor de los siete magistrados de la Sala Segunda, así como dos votos particulares que disienten de la condena, las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, por lo que siendo una de ellas la ponente de la misma, se hará cargo de la redacción el presidente de la Sala Andrés Martínez Arrieta.
García Ortiz ha sido absuelto del resto de delitos por los que se le acusaba, entre ellos el de revelación de secretos, por lo que no ingresará en prisión tal como solicitaba el querellante.
González Amador se querelló contra el fiscal general del Estado por difundir datos reservados relativos a su supuesto acuerdo con la Fiscalía de Madrid para reconocer un delito de fraude fiscal a Hacienda a cambio de ver reducida una eventual condena de cárcel.
En el juicio, que se celebró hace unos días, algunos testigos, como el exsecretario provincial del PSOE en Madrid, Juan Lobato, reconocieron que recibieron indicaciones de Moncloa para que utilizaran la filtración en contra de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general del Estado deberá ahora abandonar el cargo o ser cesado al ser incompatible contar con una condena por delito grave y ser el máximo responsable de la persecución de los delitos en España.
Se trata de la primera sentencia condenatoria en un procedimiento penal en la democracia contra el fiscal general del Estado.
