lunes , 27 septiembre 2021
Bárbara García Torijano

El Consejo de Transparencia reitera a la nueva alcaldesa de Torrejón del Rey que sigue sin entregar documentación sobre gasto de dinero público en abogados que no remitió García Torijano y le da 20 días para que la mande

El Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente nombrado por el Gobierno de España encargado de promover la transparencia de la actividad pública y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ha emitido una resolución en la que concede un nuevo plazo de veinte días al Ayuntamiento de Torrejón del Rey para entregar la documentación solicitada por la asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap.

Acodap había solicitado en septiembre de 2020, al amparo de la Ley de Transparencia, que el Ayuntamiento le remitiera el informe con los gastos realizados en abogados y procuradores por el Consistorio desde el 1 de enero del 2015 hasta la actualidad.

Esta petición fue entonces denegada por el equipo de Gobierno de García Torijano a través del Silencio Administrativo.

Tras ello, Acodap puso estos hechos en conocimiento del Consejo Nacional de Transparencia, que en diciembre de 2020 requirió al Ayuntamiento para que entregara la documentación solicitada por dicha asociación, según la documentación a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES.

Ahora, a la vista de que dicho requerimiento sigue sin cumplimentarse, el Consejo de Transparencia ha remitido un nuevo oficio al Consistorio torrejonero, presidido ahora por Isabel García Arranz, informándole que «transcurrido en exceso el plazo señalado sin que se haya recibido en este organismo la mencionada copia ni noticia alguna del cumplimiento de la mencionada Resolución, procedemos, a instancia del interesado, a reiterar a ese Ayuntamiento la necesidad de cumplir de forma inmediata lo señalado en la parte dispositiva de aquélla».

Según ha informado a este diario el portavoz de Acodap, Fernando Jabonero, «este tipo de actitud obstruccionista en materia de transparencia que ejercen algunos alcaldes de la provincia es de todo menos un ejercicio democrático de la actividad pública»

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Un comentario

  1. Fernando Jabonero Orasio

    La principal corrupción pública es la municipal.
    La responsabilidad de los Secretarios e Interventores en la corrupción municipal es manifiesta, llegando al extremo de elevar informes falsos a los tribunales que los jueces llegan a aceptar a pesar de la evidencia de la falsedad.

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