El Heraldo del Henares
La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha imputado a tres hombres por un delito contra la fauna tras haberlos sorprendido mientras practicaban la caza furtiva en dos municipios diferentes de la provincia en el entorno del Parque Natural del Alto Tajo.
Según han informado fuentes del Instituto Armado en un comunicado, al tratarse de una época de berrea de los cérvidos se están intensificado los servicios de vigilancia y prevención contra la caza furtiva.
Un ciervo abatido y dos investigados en Teroleja (Corduente)
Así, por un lado, el domingo 20 de Septiembre, sobre las 01:15 horas, la Guardia Civil investigó a dos varones de 19 y 20 años por su presunta autoría en el abatimiento de un ciervo.
Estas personas fueron identificadas por la Guardia Civil tras el aviso recibido en el 062, en el que un ciudadano comunicó un posible episodio de caza furtiva y aportaba datos sobre el vehículo que habrían utilizado los presuntos autores.
El vehículo en cuestión fue interceptado en Teroleja (Corduente), en las inmediaciones del Parque Natural del Alto Tajo, e iba ocupado por dos personas a las que se les intervinieron dos rifles y munición.
Sorprendido con un rifle cargado y un silenciador en Peñalén
Por otro lado, en la madrugada del pasado sábado, fue interceptado otro vehículo ocupado por dos personas en un coto de caza en el término municipal de Peñalén.
El acompañante portaba un rifle desenfundado, cargado y dispuesto para su uso, equipado con un visor térmico y un silenciador.
Por estos hechos, se investigó a un hombre de 29 años por un presunto delito contra la fauna y se procedió a decomisar el arma, el visor térmico y el silenciador.
Las consecuencias que lleva aparejada la caza ilegal
La provincia de Guadalajara presenta unas inmejorables condiciones para la práctica de la actividad cinegética, sin embargo esta, no siempre se lleva a cabo siguiendo las especificaciones reglamentarias, según han añadido estas fuentes.
Las conductas de furtivismo están tipificadas en los articulos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, revocación de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos.
A todo ello se suman además las sanciones que se puedan imponer a nivel administrativo por infracción a la ley de caza de Castilla La Mancha, que contempla sanciones de hasta 60.000 euros.
