La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino (PSOE), ha rechazado las acusaciones lanzadas por el PP seguntino según las cuales se habría subcontratado a la empresa de su marido por parte de la empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación del edificio del antiguo cine Capitol.
El PP presentó el pasado viernes una moción por el registro municipal por el que se instaba a realizar una auditoría con medios propios o por una empresa externa de todas las obras públicas adjudicadas por Merino durante sus dos mandatos, 2019 a 2023 y 2023 a la actualidad, tal como informó este diario el pasado viernes.
Estas obras cuentan con financiación europea y han sido adjudicadas por un total de 1.217.539,68 euros, IVA incluido, para convertirlo en centro de Congresos y Centro Joven, según la moción presentada por el PP, que añadía que tras la intervención de la secretaria municipal y del comité antifraude del propio consistorio se habría dejado fuera a dicha empresa para no poner en peligro la financiación europea de la obra.
Según ha señalado Merino en su red social personal, «estas acusaciones son calumnias e injurias que solo pretender esparcir bulos durante la campaña electoral al 29N«, ya que ella se presenta como candidata al Congreso de los Diputados como cabeza de lista por el PSOE, por lo que ha emplazado a la portavoz del PP firmante de la moción, Elena Tizón, para que demuestre con documentos sus acusaciones en el plazo de 15 días.
«Porque si tienen los documentos que lo demuestren, que vayan al juzgado, pero si no lo tienen, lo que tienen que hacer es dimitir en bloque», ha añadido Merino en sus redes sociales.
Merino ha rechazado cualquier tipo de trato de favor municipal a la empresa de su marido, de quien ha dicho que no solo no ha cobrado dinero del Ayuntamiento sino que cuando se le ha necesitado ha puesto medios de su empresa «de forma voluntaria y gratuita» para ayudar a los vecinos, como en la filomena o en las cabalgatas de Reyes Magos.
Una moción para auditar las adjudicaciones de María Jesús Merino en Sigüenza
La primer edil responde en sus propias redes sociales a la información publicada el pasado viernes por este diario, según la cual el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sigúenza (Guadalajara) había registrado una moción al pleno en la que solicitaba la creación de una auditoria general de todas las contrataciones de obras y servicios públicos realizadas durante los dos mandatos de la actual alcaldesa socialista, María Jesús Merino, tras detectarse, según dicha moción, ‘graves irregularidades en una adjudicación’.
En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, la secretaria municipal detectó que la empresa adjudicataria de las obras de ‘Rehabilitación, Recuperación, y Acondicionamiento Edificio Público Cine El CAPITOL de Sigüenza’, por importe de 1.217.539,68 euros, IVA incluido, para convertirlo en centro de Congresos y Centro Joven había subcontratado a la empresa del marido de la alcaldesa, sin que este extremo fuera notificado al Ayuntamiento ni mucho menos aprobado por esta institución.

Por este motivo, según el PP, la secretaria tuvo que paralizar de urgencia dichas obras y debatir el tema el Comité Antifraude del Ayuntamiento, este tomó la decisión de levantar acta de lo ocurrido y tras ello la empresa adjudicataria expulsó de la obra a la empresa del marido de María Jesús Merino para que no se perdiera el 100% de financiación europea de los fondos Next Generation que tenía dicho proyecto.
“Aunque la vía administrativa ha forzado una rectificación a posteriori para salvar la obra, el hecho constata de facto la vulneración temporal de la obligación legal de abstención (Art. 23 de la Ley 40/2015) y pone de manifiesto una grave brecha de seguridad y control en la contratación de este Ayuntamiento”, señalaba el texto de la moción presentada por el PP para auditar las cuentas de los mandatos de la alcaldesa seguntina.
El PP justificaba también su solicitud en las recientes informaciones que señalan que la Fiscalía Europea está investigando por supuesta corrupción al Gobierno socialista de Pedro Sánchez por el dinero enviado para la compra de pulseras para mujeres maltratadas o para la renovación y mantenimiento de las vías del AVE, sin que conste de momento que dicho dinero fue destinado a tal fin.
Por eso, en su moción señalaban que la creación de la auditoría está justificada para saber ‘quién intervino en cada expediente, qué empresas ejecutaron realmente los trabajos, qué importes se abonaron y cómo se gestionaron los posibles conflictos de intereses‘.
Por todo ello, la portavoz municipal del PP, Elena Tizón, solicitaba la inmediata constitución y puesta en marcha de una Auditoría General y Extraordinaria sobre la Contratación Pública Municipal, dirigida conjuntamente por la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento o mediante asistencia técnica externa e independiente, que abarque todos los expedientes de obras públicas y contratos menores adjudicados o ejecutados durante los dos mandatos de María Jesús Merino, esto es, entre 2019 y 2023 y 2023 a la actualidad.
En dicha auditoría se pretende fiscalizar la limpieza de los procesos, el cumplimiento de las prohibiciones de contratar de las autoridades y sus familiares directos, el control efectivo de la subcontratación material a pie de obra y la correcta aplicación de los Planes de Medidas Antifraude en toda la actividad contractual del Ayuntamiento.
El PP también pedía en su moción que se dé cuenta del resultado de dicha auditoría tanto a los grupos municipales como a los ciudadanos a través del portal de transparencia municipal.
Finalmente, la moción exigía que en el caso del caso detectado a tiempo, las obras del cine Capitol, se remitan las conclusiones del acta del Comité Antifraude municipal al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) y a los órganos de control competentes, para acreditar de manera transparente las medidas correctoras organizativas adoptadas por esta corporación local ante la detección del conflicto de intereses.
“La finalidad de esta revisión no es prejuzgar actuaciones ni responsabilidades, sino garantizar que todos los procedimientos administrativos se han desarrollado con plena sujeción a la legalidad vigente, que se han cumplido las obligaciones de abstención y declaración de posibles conflictos de intereses y que la gestión de los fondos públicos municipales ha estado sometida a los controles adecuados”, finalizaba el texto de la moción del PP.
El Heraldo del Henares



