La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCLM, ha anulado una multa de 100 euros impuesta por la dirección general de Tráfico (DGT) a un conductor por exceso de velocidad, al considerar que las fotografías aportadas por la Administración no cumplían los requisitos técnicos exigidos para acreditar la infracción.
La sentencia, dictada el 26 de junio de 2026 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y de la que es ponente el magistrado José Antonio Fernández Buendía, estima el recurso de apelación del automovilista y revoca una resolución anterior del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo que había dado la razón al organismo público sancionador.
Los hechos en los que se basa esta histórica sentencia tuvieron lugar el 22 de marzo de 2025, cuando un radar detectó supuestamente al vehículo mientras circulaba a 123 kilómetros por hora en un tramo de carretera limitado a 100.
El conductor recurrió la sanción y alegó, entre otras cuestiones, que la Administración no había practicado las pruebas solicitadas para comprobar el correcto funcionamiento del cinemómetro y que las imágenes aportadas no reunían las garantías legalmente exigibles.
En ese sentido, el tribunal recuerda que es la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, la que regula el control metrológico de determinados instrumentos de medida, entre ellos los radares de tráfico y que dicha Orden establece textualmente que ‘a los cinemómetros que funcionen sin la presencia continua de un operador que vigile su funcionamiento y que no sean capaces de detectar, seguir e identificar inequívocamente el objetivo durante todo el proceso de medición, se les exigirá al menos dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes: uno de ellos mostrará una visión panorámica del vehículo y el otro, su placa de identificación‘.
Sin embargo, en el expediente sancionador examinado por los magistrados figuraban dos imágenes que, en realidad, procedían de una única fotografía: una vista general del automóvil y una ampliación de la zona correspondiente a la matrícula.
El tribunal razona por tanto que la ampliación de una de las imágenes no es acorde a las exigencias de la normativa, ya que no se trata de dos captaciones realizadas en momentos distintos.
‘El expedientado tiene perfecto derecho a conocer cuál es la prueba de cargo -la única prueba de cargo- en todos sus aspectos esenciales. Como acabamos de ver, si hay agentes operando el cinemómetro es suficiente con una fotografía, y son necesarias dos en otro caso (a no ser que el aparato sea de los que permiten detectar y seguir). De modo que la petición de información del actor era perfectamente pertinente, pues solo se le ofrecía una fotografía‘, señala taxativamente la resolución del TSJCLM.

Además, la Administración tampoco acreditó que el radar utilizado dispusiera de capacidad técnica para identificar y seguir inequívocamente al vehículo durante toda la medición, circunstancia que habría permitido prescindir de la doble fotografía.
La sentencia destaca que los requisitos técnicos establecidos para los cinemómetros no constituyen simples formalidades, sino garantías esenciales para que las mediciones puedan utilizarse como prueba en un procedimiento sancionador.
Los magistrados señalan, por tanto, que no basta con que la matrícula del vehículo resulte perfectamente legible en una fotografía si no se acredita que la prueba se obtuvo cumpliendo las condiciones legalmente establecidas.
La Sala también aprecia una vulneración del derecho de defensa del conductor, que había solicitado información y pruebas relativas al funcionamiento del radar y a la posible intervención de sus operadores y no se le había facilitado.
Por ese motivo, la sentencia señala que el ciudadano tiene derecho a conocer los elementos esenciales de la prueba utilizada para sancionarlo y a cuestionar su validez, en base al derecho fundamental de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.
Otro aspecto relevante de la resolución es el rechazo a que las deficiencias probatorias de la Administración puedan subsanarse posteriormente durante el procedimiento judicial, ya que la Sala recuerda, en base a su propia doctrina, que corresponde a la Administración tramitar correctamente el expediente sancionador y aportar las pruebas necesarias para acreditar la infracción.
‘El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, afirmó que el demandante podría haber solicitado en vía judicial la práctica de las pruebas indebidamente denegadas en vía administrativa. Es esta una curiosa idea según la cual, ante la indebida denegación de pruebas por la Administración, el expedientado debe optar entre no recurrir, y dejar que la resolución quede firme, o bien, mediante un recurso contencioso-administrativo a su costa, subsanar los defectos que solo son imputables a la Administración y que solo a ella le compete subsanar‘, reprocha el tribunal al Abogado del Estado.
Es decir, no puede exigirse al ciudadano que acuda a los tribunales y asuma los costes de un procedimiento judicial para corregir irregularidades que debieron resolverse durante la tramitación administrativa.
‘En definitiva, pues, se vulneró el derecho de defensa del expedientado y también la presunción de inocencia, al no poseerse una prueba de cargo completa e impedirse la práctica de prueba sobre este extremo. Por tanto, procede estimar el recurso contencioso administrativo‘, finaliza la sentencia.
Una sentencia que puede tener repercusión en otras multas de tráfico
La resolución resulta especialmente relevante para los procedimientos sancionadores por exceso de velocidad basados en fotografías obtenidas mediante radares automáticos, pero no significa que todas las multas acompañadas de una sola fotografía sean ilegales.
La exigencia de dos imágenes depende de las características técnicas del cinemómetro y de si cuenta con vigilancia continua de un operador o con capacidad para detectar, seguir e identificar inequívocamente al vehículo durante todo el proceso de medición.
Es decir, lo que establece el TSJCLM es que, cuando resulta exigible la doble captación, una fotografía acompañada de su ampliación no puede considerarse suficiente para cumplir ese requisito.
La Sala ya había mantenido este criterio en otra sentencia de 12 de mayo de 2026, por lo que la nueva resolución refuerza su interpretación de las garantías exigibles a las pruebas obtenidas mediante radares.
Referencia judicial: Sentencia 273/2026, de 26 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Recurso de apelación 97/2026. Ponente: José Antonio Fernández Buendía. ECLI: ES:TSJCLM:2026:1868.
El Heraldo del Henares