El Heraldo del Henares
El alcalde de Alcocer (Guadalajara), Borja Castro Cervigón (PSOE), declarará como investigado el próximo 12 de noviembre ante el juzgado de instrucción n.º 4 de Guadalajara en las diligencias previas abiertas por la concesión de una licencia de vallado sin el informe urbanístico que exige la ley, según han informado fuentes de IU en un comunicado.
Estas fuentes han señalado que los hechos se iniciaron tras la concesión de una licencia de vallado en noviembre de 2022 sin cumplir los trámites legales preceptivos establecidos en la ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, que exige que, antes de dar este tipo de permisos en suelo urbano no consolidado, un organismo autonómico como la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha de dar su visto bueno.
«Ese informe nunca se pidió, lo dice, con todas las letras, el propio Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el órgano que asesora a la Junta en este tipo de asuntos, en un dictamen de junio de este año: la licencia «carece del informe previo» que exige la ley», han señalado desde IU.
Por estos hechos, el juzgado de instrucción n.º 4 de Guadalajara abrió en julio diligencias previas por un posible delito de prevaricación urbanística que castiga a la autoridad que, a sabiendas de su ilegalidad, concede una licencia contraria a la normativa de ordenación del territorio y ha citado al alcalde a declarar como investigado el próximo 12 de noviembre.
«Es previsible que desde el equipo de Gobierno se responda que, meses después, sí se pidió y se obtuvo el informe de la Comisión de Urbanismo, que sirvió de base a la nueva licencia municipal 238/2026, pero eso no borra lo ocurrido en 2022: pedirlo cuatro años tarde no hace legal, con carácter retroactivo, la licencia que se concedió sin él», han señalado desde IU.
«Declarar como investigado no es lo mismo que ser condenado, y el alcalde tiene, como cualquier ciudadano, derecho a la presunción de inocencia mientras el proceso no termine, pero sí es un paso serio, porque significa que un juez ha encontrado indicios suficientes para investigar formalmente su posible responsabilidad penal por una decisión tomada desde su propio despacho», han dicho desde IU.
No obstante, esta formación política ha añadido que los hechos son lo bastante graves como para que el PSOE no espere a que avance el proceso judicial para actuar y suspenda de militancia al alcalde.
«El propio Código Ético del PSOE obliga a cualquier militante investigado a comunicarlo a la Comisión Ejecutiva Federal, que debe trasladar el caso a su Comisión de Ética y tal y como está redactado ese código, la suspensión cautelar automática de militancia solo se activa si el caso llega a la apertura de juicio oral, pero desde Izquierda Unida creemos que, en este caso, no hace falta esperar a ese trámite: cuando lo que se investiga es el uso del cargo de alcalde para saltarse un control pensado precisamente para evitar la urbanización descontrolada, la respuesta política no debería ir siempre a remolque de los tiempos judiciales», han apuntado desde IU.
“Pedimos al PSOE que aplique ya la suspensión cautelar de militancia, sin esperar a que avance el proceso. Si su código ético significa algo, este es exactamente el tipo de caso para el que se escribió”, ha manifestado Manuel del Saz Nieto, portavos del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcocer.
