El Heraldo del Henares
El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García Page, ha informado hoy que sigue avanzando en la ejecución del auto judicial que le obligaba a realizar diferentes obras de reconstrucción del conjunto arquitectónico del Fuerte de San Francisco en Guadalajara.
En este sentido, hoy ha anunciado en un comunicado que ha procedido a la licitación de un nuevo contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación y adaptación para uso de equipamiento cultural y social del edificio ZE-3 ‘H’, denominado ‘Cantina y Almacenes’.
La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de este contrato, promovido por la consejería de Fomento, con un presupuesto base de 110.945,94 euros, IVA incluido y al que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de noviembre a las 14:00 horas, mientras que la apertura de la oferta económica tendrá lugar un mes después.
La actuación contempla la redacción de un informe previo de ensayos, el proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud, además de la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las futuras obras de rehabilitación.
El edificio objeto de esta nueva actuación forma parte del conjunto de inmuebles del Fuerte cuya recuperación para usos administrativos, culturales y sociales está prevista en el Proyecto de Singular Interés
. El inmueble, construido en 1940, cuenta con una superficie de 1.256 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.
La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha señalado que este procedimiento de contratación contempla una duración total de 20 meses para las distintas prestaciones incluidas en el contrato.
Esta nueva licitación, incluida en las obras a las que el TSJCLM ordenó a realizar a la Junta, se suma a la adjudicación a la empresa CEVIAM EPC, S.L. por 4.144.003,68 euros del contrato correspondiente a la rehabilitación de la Nave de Forja y las de las e las naves E y F del edificio E-6, situadas junto al Espacio TYCE, estas últimas con un presupuesto base de licitación de 191.099,08 euros, IVA incluido, y 45 días para presentar ofertas, hasta el 2 de octubre.
Todas estas obras están incluidas en el desarrollo del Proyecto de Singular Interés (PSI) del Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, tal como ordenó el TSJCLM a la Junta de Castilla La Mancha en un auto de 16 de enero de 2016.
El pasado 20 de agosto ya se licitó también el contrato para la redacción del informe previo de ensayos, el proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación y adaptación para usos administrativos de las naves E y F del edificio E-6, situadas junto al Espacio TYCE y antes se habían licitado el proyecto de obras de la nave de Forja.
Nuevos pasos para cumplir los mandatos judiciales
Con la licitación presentada hoy, la Junta de Castilla La Mancha sigue dando pasos para cumplir los diferentes mandatos judiciales que durante una década la obligaban a rehabilitar el Fuerte de san Francisco y que fueron incumplidos uno tras otro, y que incluso durante el mandato del alcalde socialista Alberto Rojo, se quiso eludir con la cesión de los terrenos a una empresa privada para construir una Ciudad del Cine, proyecto que fue desestimado en pleno municipal tras la salida de Rojo de la Alcaldía y que llegó a ser calificado por el portavoz de Aike, Jorge Riendas, como una estafa a la ciudad de Guadalajara.
Sin embargo, el 16 de enero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, TSJCLM, dictó un durísimo auto en el que le reprochaba su intento de incumplir la ejecución de la sentencia firme de 2017 que le obligaba a “concluir la actuación urbanística emprendida en su condición de promotor conforme al Acuerdo complementario suscrito el 22-12-2010” en el marco del Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” de Guadalajara.
Y es que, con carácter previo, el ejecutivo de García Page había rechazado uno tras otro los requerimientos del Ayuntamiento de Guadalajara para cumplir dicha sentencia y había solicitado al TSJCLM que declarara la prescripción de dicha obligación y en caso subsidiario, que dicha ejecución no había podido llevarse a cabo por la ‘evolución de las necesidades urbanísticas’.
Por ese motivo, tras las oportunas acciones judiciales instadas por el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara, durante los mandatos de Antonio Román y Ana Guarinos, así como por el entonces portavoz del grupo municipal de Aike, Jorge Riendas, el pasado 16 de enero se puso fin de forma tajante a todos los intentos de la Junta para esquivar su obligación de cumplir las resoluciones judiciales.
Así, ese día, en un auto dictado por la sección 1ª de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal, y al que ha tuvo acceso EL HERALDO DEL HENARES, se rechazaron todas las excusas y alegaciones de García Page y se le impusieron límites temporales muy breves para que cumpliera la sentencia que le obligó hace 9 años a restaurar el complejo del Fuerte de san Francisco (ver auto completo en este enlace).
‘En el presente caso, es un hecho notorio y no desvirtuado que, más de siete años después de la firmeza de la sentencia, la JCCM no ha dado cumplimiento a las obligaciones de hacer impuestas en el fallo. No se han ejecutado las demoliciones, no se ha procedido al desalojo de los ocupantes y, salvo la licitación de dos proyectos que además han quedado paralizados, no se ha avanzado en la rehabilitación del resto de inmuebles’, decía el auto del TSJCLM.
Además, añadía el tribunal, ‘la alegación genérica de una «evolución de las necesidades urbanísticas» no puede servir de excusa para eludir una obligación declarada por sentencia firme, máxime cuando, como bien señala el ejecutante (el Ayuntamiento de Guadalajara), la competencia para cualquier modificación de planeamiento recaía en la propia JCCM. La inactividad de la Administración condenada ha provocado un grave deterioro de los inmuebles, como se acredita en el informe técnico aportado, y constituye un claro incumplimiento del fallo judicial que debe ser corregido por esta Sala‘.
Por ese motivo, el alto tribunal regional concedía los siguientes plazos para iniciar los siguientes trabajos o actividades tendentes a dicha ejecución, según transcribe literalmente la resolución:
-Un mes para que inicie la licitación de la ejecución de las obras de los proyectos de rehabilitación de las naves de cerrajería (escuelas municipales) y de la “Nave de Forja” (Biblioteca Municipal).
–Un mes para que inicie los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles sitos en plaza Bejanque 9 FT (parcela E-9 del PSI).
-Un mes para iniciar la licitación de la ejecución de las demoliciones de inmuebles incompatibles con el planeamiento.
–Cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de inmuebles con los usos establecidos en el Anexo del Acuerdo complementario de 22 de diciembre de 2010, fase en la que se encuentra ahora.
-Seis meses para realizar las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias recogidas en los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) desfavorables.
Además de estos plazos, el TSJCLM requiería a la consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para que, en el plazo de 10 días ‘identifique ante esta Sala a la autoridad o funcionario concreto responsable de impulsar y llevar a término las actuaciones ordenadas en el presente auto’, nombramiento que recayó en la propia delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.
Finalmente, el auto advertía al Gobierno de García Page que ‘la autoridad o funcionario que resulte responsable, que el incumplimiento de lo ordenado en el presente auto podrá dar lugar a la imposición de las medidas previstas en el Artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, incluyendo la imposición de multas coercitivas y la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder‘.
